El fiscal general está acusado de filtrar un correo de la pareja de Díaz Ayuso, con el objetivo de perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, después de que saliera a la luz un correo electrónico de González Amador en el que reconocía haber defraudado 350.951 euros a la Hacienda Pública.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reafirmado este lunes al negar cualquier relación con la filtración de un correo electrónico del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que reconocía haber defraudado a Hacienda.
"¿Señor García Ortiz, se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?", le ha preguntado el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta; a lo que García Ortiz ha contestado con un lacónico: "No".
De esta manera, el fiscal general se ha reafirmado en su declaración previa, del pasado 10 octubre, en la que el principal responsable del Ministerio Público, ante esa misma cuestión, contestó: "Rotundamente no".
García Ortiz, que ha hecho historia al convertirse en el primer fiscal general en la historia de España que se sienta en el banquillo de los acusados, que está citado para volver a prestar declaración el próximo 12 de noviembre, ha negado haber cometido irregularidad alguna y ha rechazado las acusaciones que pesan sobre él por un presunto delito de revelación de secretos.
Por su parte, la abogacía del Estado, actuando en calidad de defensa del fiscal general, ha pedido al tribunal que declare nula la causa, al considerar que el derecho de García Ortiz a un juicio justo se ha visto vulnerado por la "idea preconcebida" de que es culpable.
Por contra, las acusaciones -tanto la popular como la particular- han insistido en que el máximo responsable de la Fiscalía incurrió en un delito, por el que solicitan una condena de entre cuatro y seis años de cárcel y una inhabilitación de hasta 12 años. Está previsto que el proceso se prolongue hasta el próximo 13 de noviembre.
El correo de la discordia
En el centro del proceso está un correo enviado por la actual pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, en el que proponía a la Fiscalía un acuerdo tras reconocer que "ciertamente" había cometido dos delitos contra haciendo, con la esperanza de conseguir una rebaja de su condena.
Finalmente, dicho email salió a la luz, poniendo a en una situación difícil tanto a González Amador como a la propia Ayuso, quien no ha dudado a acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de filtrar la información con el fin de perjudicarla políticamente.
Las instituciones personadas como acusación particular -Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír, Vox y Manos Limpias- se sumaron a los contraargumentos del abogado de González Amador, al considerar que la defensa no ha ofrecido por el momento "alternativas verosímiles a la culpabilidad" de García Ortiz.
El proceso contra la pareja de Ayuso comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 y que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con su tributación del Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios de 2020 y 2021.