Human Rights Watch y Cristosal denuncian que más de 250 venezolanos deportados desde Estados Unidos fueron sometidos a torturas, abusos sexuales y condiciones inhumanas en la megacárcel de El Salvador. La mitad no tenía antecedentes penales y algunos aún tramitaban su asilo.
Unos 250 ciudadanos venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos han sido sometidos a torturas, abusos sexuales y condiciones inhumanas de detención en la megacárcel de El Salvador, según revela un nuevo informe publicado por Human Rights Watch (HRW) y la organización salvadoreña Cristosal.
El documento, titulado 'Han llegado al infierno', revela que los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) entre marzo y abril de 2025, tras ser acusados por las autoridades estadounidenses de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
De acuerdo con HRW, los prisioneros fueron golpeados al llegar al país, obligados a permanecer de rodillas durante horas y recluidos en celdas sin acceso a luz, atención médica ni alimentación adecuada. Algunos denunciaron abusos sexuales y torturas sistemáticas por parte de los guardias.
"Las autoridades salvadoreñas les dijeron: 'Han llegado al infierno'. Esa frase refleja exactamente lo que vivieron", señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. El informe sostiene que las detenciones fueron arbitrarias y que los deportados no tuvieron acceso a audiencias ni asesoría legal. Muchas familias, añade, siguen sin conocer el paradero de sus seres queridos.
EE.UU. podría tener una responsabilidad indirecta, según HRW
HRW y Cristosal afirman que los abusos forman parte de un patrón sistemático de violencia dentro del sistema penitenciario salvadoreño, y advierten que Estados Unidos podría tener responsabilidad indirecta, ya que financió y coordinó parte de las deportaciones.
"La Administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales por las fuerzas de seguridad salvadoreñas", afirmó Goebertus. "La Administración Trump ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos", añadió.
Las organizaciones exigen a El Salvador realizar investigaciones "rápidas, exhaustivas e imparciales" sobre los hechos, y piden a Estados Unidos suspender las deportaciones hacia países donde los migrantes corran riesgo de tortura o malos tratos.
La mitad de los deportados no tenían antecedentes
Según el informe, aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no tenía condenas penales, y solo el 3% había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento. Otras verificaciones de antecedentes revelaron que muchos no habían sido condenados por delitos en Venezuela ni en otros países latinoamericanos donde residieron antes de su deportación.
El informe también denuncia que al menos 62 de los venezolanos deportados fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos seguían en trámite, a pesar de haber superado la evaluación inicial de "miedo creíble", que les daba derecho a una audiencia completa ante un juez de migración. Asimismo, tres de los deportados afirmaron haber ingresado a Estados Unidos a través del programa de Oficinas de Movilidad Segura, establecido por el Gobierno estadounidense para gestionar de forma legal y segura solicitudes de refugio.
HRW advierte que este caso viola los principios internacionales de no devolución y la prohibición absoluta de la tortura, y alerta de que podría sentar un precedente peligroso para las políticas migratorias en la región. "Enviar personas a un lugar donde se las tortura no es política migratoria, es complicidad con el abuso", concluyó Goebertus.
El Gobierno salvadoreño no ha emitido comentarios sobre el informe. Tampoco el Departamento de Estado estadounidense ha respondido a las solicitudes de información sobre las deportaciones realizadas por HRW.