La resolución del expediente C‑523/24 presagia un respaldo favorable, aunque no definitivo, del Tribunal de Justicia de la UE; circunstancia que el 'expresident' aprovecha para presionar al Tribunal Constitucional mientras su partido rompe con los socialistas en el Congreso.
Carles Puigdemont presiona para regresar a Cataluña. La reciente sentencia del abogado general de la Unión Europea sobre el expediente C-523/24 (es decir, sobre la posible incompatibilidad de su amnistía) es favorable, en líneas generales, a la aplicación de esta ley elaborada entre el PSOE y Junts, dando un balón de oxígeno al 'expresident' fugado y actualmente residente en el Vallespir, al sur de Francia.
Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para pedir que suspenda su orden de detención estatal, así como su ingreso provisional en prisión, para evitar el "perjuicio irreparable" a sus derechos fundamentales y al considerar "plenamente eficaz y aplicable" la ley de amnistía.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es quien decidirá en última instancia sobre esta decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas, suele seguir los dictámenes del abogado general, aunque no está obligado a dictaminar el mismo fallo.
Pese a, o precisamente por ello, Puigdemont instiga al alto tribunal español controlado por una mayoría progresista. Lo hace apenas unas semanas después de que su formación política anunciase su ruptura con el bloque de investidura de Pedro Sánchez, cuyo Gobierno depende de los siete votos de Junts en el Congreso de los Diputados para obtener una mayoría simple en las votaciones legislativas.
Que el juez Pablo Llanera mantenga su orden de detención activa emitida desde el Tribunal Supremo a la espera de que se resuelva el procedimiento del TJUE es, según considera Puigdemont, "una lesión autónoma del derecho a la libertad personal y de los derechos político-representativos del recurrente". Puigdemont pide al Constitucional que declare expresamente que la suspensión de su arresto se mantendrá hasta que se resuelva su recurso recién presentado.
El abogado general sostuvo en su dictamen que la ley de amnistía no vulnera la normativa europea relativa a la protección de los intereses financieros de la UE ni sus leyes contra el terrorismo. Tampoco considera que los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017 hayan malversado fondos europeos.
Sin embargo, el juez Dean Spielmann advierte de que ciertos mecanismos procedimentales establecidos por la ley, como el plazo máximo de dos meses para que un juez decida si aplica la amnistía o el levantamiento de medidas cautelares, podrían vulnerar el derecho a una tutela judicial efectiva.