El abogado general del TJUE concluye que la ley no afecta a los intereses financieros de la Unión ni vulnera la normativa antiterrorista, aunque advierte de deficiencias en las garantías procesales.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha concluido que la ley de amnistía, aprobada en 2024, es, en lo esencial, compatible con el Derecho comunitario. Su dictamen, de enorme trascendencia política y jurídica, abre la puerta a que el expresidente catalán Carles Puigdemont se beneficie plenamente de la norma, aunque introduce matices que podrían condicionar su aplicación en los tribunales españoles.
Spielmann sostiene que la ley, diseñada para poner fin a las causas derivadas del proceso independentista catalán, no vulnera la normativa europea relativa a la protección de los intereses financieros de la Unión, ni tampoco la relativa al terrorismo. Según el abogado general, los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017 no guardan un vínculo directo con fondos europeos y, por tanto, su amnistía no compromete el presupuesto comunitario, uno de los puntos más sensibles analizados por el tribunal.
Sin embargo, el dictamen no es un aval sin reservas. Spielmann advierte de que ciertos mecanismos procedimentales establecidos por la ley, como el plazo máximo de dos meses para que un juez decida si aplica la amnistía o la limitada intervención de terceros afectados por la medida, podrían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. También expresa preocupación por la obligación de levantar medidas cautelares antes de que Luxemburgo resuelva eventuales cuestiones prejudiciales, lo que, a su juicio, podría dejar sin eficacia el propio sistema europeo de control judicial.
Las implicaciones sobre el futuro de Puigdemont son directas. Al descartar que la norma choque con la legislación europea en materia financiera, el abogado general elimina uno de los principales riesgos de que la amnistía quedara invalidada para su caso. No obstante, los reparos sobre las garantías procesales abren un espacio para que en España se discuta si los procedimientos seguidos cumplen plenamente los estándares europeos. De no ser así, algunos recursos podrían retrasar o dificultar la aplicación inmediata de la amnistía al líder independentista.
El dictamen no es vinculante, pero históricamente el TJUE sigue la línea argumental de sus abogados generales en la mayoría de sus sentencias. La decisión definitiva se conocerá en los próximos meses.
Puigdemont reacciona: "No olvidemos..."
Carles Puigdemont ha celebrado abiertamente la contundencia del informe de Spielmann, aunque ha advertido de que el proceso no está cerrado. "La opinión del abogado general es muy explícita y muy bien fundamentada, pero no olvidemos que la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria".
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha interpretado la posición de Luxemburgo como una victoria para quienes todavía esperan que la amnistía se haga totalmente efectiva, al considerar que el dictamen refuerza los argumentos de quienes reclaman que los tribunales españoles apliquen la ley sin más dilaciones. En la misma línea, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha subrayado que el eventual regreso del expresidente sigue siendo una decisión personal, aunque considera que, si el TJUE respalda finalmente la amnistía, las condiciones legales para su retorno estarían claras.
Fuera del ámbito estrictamente judicial, el actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado abiertamente su satisfacción y ha descrito el informe como un paso importante que clarifica el terreno de debate europeo. Illa ha insistido en que el dictamen ratifica la compatibilidad de la amnistía con el Derecho comunitario y ha pedido que la ley se aplique con rapidez y sin maniobras dilatorias. También el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha confiado en que el Tribunal de Justicia confirme esta línea y que, en consecuencia, el Tribunal Constitucional español pueda aplicar la norma sin obstáculos.