Las denuncias de acoso que afectan a cargos socialistas reavivan el debate sobre la gestión interna del PSOE, generan malestar en sus filas y alimentan las críticas de la oposición y de sus socios parlamentarios.
El PSOE atraviesa semanas de tensión tras las denuncias de acoso sexual que afectan a varios de sus cargos territoriales, lo que ha restado protagonismo a la reciente condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Las recientes acusaciones contra el secretario general de los socialistas de Torremolinos, Antonio Navarro, y el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, han situado al partido en el centro del debate político.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que el feminismo obliga al PSOE a "aprender todos los días", afirmando que el partido pide perdón y actúa "en consecuencia" cuando recibe "lecciones". Sánchez también quiso marcar distancia con las formaciones de derecha y reivindicar las políticas feministas impulsadas por el Ejecutivo de coalición.
Cruce político en el Congreso
En la sesión de control, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó el compromiso feminista del Gobierno y criticó a Sánchez por la elección de figuras de confianza como Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Paco Salazar. El jefe de la oposición defendió que su perfil responde, a su juicio, a una dinámica interna del PSOE que considera incompatible con su discurso feminista.
Los ministros y dirigentes socialistas respondieron reivindicando su trayectoria en materia de igualdad y recordaron al PP presuntos casos que afectan a cargos populares, así como antecedentes, como el caso Nevenka. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, calificó de "repugnantes" los casos que están apareciendo, mientras alertaba del riesgo que, a su juicio, supone una eventual subordinación del PP a Vox.
Los aliados parlamentarios del Ejecutivo tampoco ocultaron su malestar. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, criticó la gestión inicial de los socialistas, especialmente en relación al caso de Paco Salazar. Desde el PNV, la portavoz Maribel Vaquero reclamó "más claridad y contundencia" en la respuesta del PSOE ante estas situaciones.
Malestar interno y exigencia de responsabilidades
La tensión también se deja sentir dentro del propio partido. La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, expresó públicamente su hartazgo ante estos episodios, que calificó como incompatibles con la trayectoria del PSOE en materia de derechos de las mujeres. Férriz insistió en que no se puede permitir que "cuatro sinvergüenzas" dañen el trabajo de la militancia y pidió llegar "hasta el final" en cada caso.
La dirigente reconoció que el partido ha cometido errores y que estos generan un daño interno evidente, motivo por el cual se ha pedido perdón y se está ultimando un expediente sobre la actuación en el caso Salazar. También defendió la necesidad de mantener una posición "contundente" frente al acoso, criticando a las formaciones que, según dijo, han sacrificado derechos de las mujeres en negociaciones políticas.
José Tomé y su dimisión "voluntaria"
El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé (PSOE), presentó su dimisión "voluntaria" con el argumento de "no perjudicar al partido" tras las denuncias de acoso sexual conocidas esta misma semana. Tomé renuncia a sus cargos institucionales, aunque mantiene el acta, y lo hace apenas unas horas después de haber defendido públicamente que las acusaciones eran "falsas".
"No puedo ser un estorbo ni para el partido, ni para Pedro Sánchez, ni para nadie", afirmó en una comparecencia desde la sede del PSOE en Monforte de Lemos, municipio del que continúa siendo alcalde. No dejará la alcaldía y, tras solicitar la suspensión cautelar de militancia junto a sus concejales, pasará a gobernar con ellos como grupo no adscrito.
Tomé insistió en que, como "persona que ama a su partido", no va a "perjudicar en nada al PSOE debido a unas denuncias falsas, anónimas y que no conozco". Explicó que, tras conversar con compañeros del partido, decidió pedir la suspensión cautelar de militancia para evitar dañar a la organización mientras se resuelve el expediente interno, en el que asegura que se personará y desde el que espera defenderse "con más libertad" también en el ámbito judicial.
Antonio Navarro, suspendido de militancia
El PSOE abrió finalmente un expediente disciplinario a Antonio Navarro, secretario general de la agrupación socialista de Torremolinos (Málaga), y procedió a suspenderlo cautelarmente de militancia después de que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer iniciara diligencias a raíz de la denuncia por presunto acoso sexual presentada por una militante.
La denunciante, que trabajó durante años estrechamente con Navarro y que habría sufrido su presión y acoso de manera continuada, trasladó la situación en dos ocasiones a los órganos internos del partido sin recibir protección, motivo por el que decidió llevar el caso ante la Justicia.
El PSOE ultima un informe sobre el caso Salazar
El Partido Socialista quiere cerrar el expediente interno sobre el caso Salazar con un informe contundente en el que el comité antiacoso daría la razón a las víctimas y rechazaría de forma tajante las conductas atribuidas al exdirector de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, tal y como informan medios españoles. Además, Ferraz tiene intención de ofrecer apoyo psicológico y jurídico a las afectadas.
Aunque el documento parecía inminente, su publicación podría demorarse debido al aumento de denuncias recibidas recientemente por el comité antiacoso del PSOE que "no da abasto". Se prevé que el informe sea especialmente severo, aunque el partido no podrá emprender acciones jurídicas ni iniciar procedimientos internos, dado que Salazar causó baja en la formación.
Un protocolo antiacoso bajo escrutinio
El PSOE aprobó a comienzos del verano un nuevo protocolo antiacoso que garantiza el anonimato, con un canal interno gestionado por una comisión especializada y un plazo máximo de seis meses para resolver las denuncias. Aunque el sistema busca reforzar el rigor y la seguridad de las víctimas, su aplicación práctica vuelve ahora al primer plano en plena crisis interna.
La presión de la oposición, el malestar de los socios y la inquietud creciente en las bases convierten la gestión de estos casos en uno de los mayores desafíos políticos recientes para el PSOE.