El Gobierno de Maduro defiende la soberanía energética tras acusaciones de la Casa Blanca, en un contexto de creciente presión de Washington y de tensiones regionales que alcanzan también a los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago.
El Gobierno de Venezuela elevó este miércoles el tono frente a Estados Unidos al asegurar que no permitirá que su petróleo sea "regalado ni robado" a ningún "poder extranjero", en respuesta a recientes declaraciones de la Casa Blanca que califican la nacionalización petrolera venezolana como un "robo" a intereses estadounidenses.
La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, afirmó que Caracas mantendrá una política energética soberana y desligada de presiones externas. "No habrá petróleo regalado ni robado para ningún poder extranjero. Seguiremos siendo libres e independientes en nuestras relaciones energéticas. Junto al presidente Nicolás Maduro, seguiremos defendiendo la Patria. ¡El saqueo y el expolio no volverán!", escribió en un mensaje difundido a través de Telegram.
Rodríguez recordó que la industria petrolera venezolana tiene raíces nacionales desde el siglo XIX y señaló que la primera empresa del sector, Petrolia del Táchira, fue fundada en 1878 con "personal exclusivamente venezolano". A su juicio, los periodos en los que Estados Unidos logró influir en Gobiernos regionales para acceder a los recursos energéticos del país terminaron con la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez.
El cruce de acusaciones se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas. Estados Unidos mantiene un despliegue militar reforzado en aguas del Caribe, donde ha destruido una veintena de embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico y ha advertido que podría iniciar "pronto" operaciones dentro del territorio venezolano.
Trinidad y Tobago se desmarca del bloqueo
Trinidad y Tobago se ha desmarcado públicamente del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, subrayando que su cooperación energética con Caracas responde a necesidades estratégicas propias y a acuerdos bilaterales vigentes. El Gobierno trinitense ha defendido que los proyectos de gas compartidos en el Caribe oriental son clave para la seguridad energética regional y no deben quedar atrapados en la escalada política entre Washington y Caracas.
En este contexto, Puerto España ha reiterado que no participa en bloqueos ni en medidas unilaterales y que su relación con Venezuela se rige por el derecho internacional y por consideraciones económicas, especialmente en un momento de fuerte presión sobre los mercados energéticos. Las autoridades trinitenses han señalado que la interrupción de los flujos de gas tendría un impacto directo en la generación eléctrica y en la industria petroquímica del país.