Los independentistas ceden tras pactar una rebaja del IVA de los autónomos con el PSOE. Las medidas contra la guerra desatada en el Golfo por parte de EE.UU. e Irán incluyen rebajas generalizadas a las empresas energéticas.
Pedro Sánchez vuelve a arrastrar a la derecha independentista catalana, al menos puntualmente, al conocido como bloque de la investidura tras conseguir sus apoyos para convalidar uno de los dos decretos-leyes pactados en el Consejo de Ministros para paliar los efectos de la guerra de Irán.
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El decreto-ley prevé rebajas del IVA de la electricidad, el gas natural y los carburantes del21% al 10%; refuerza el bono social eléctrico y prohíbe el despido objetivo en empresas que reciban ayudas públicas, entre otras medidas. La ley ha contado con la abstención del Podemos -el otro gran reto del Ejecutivo esta legislatura- y del Partido Popular.
"Lo raro es que el PP no vote a favor. Esto no es un escudo social, sino una bajada masiva de impuestos", ha replicado Ione Belarra, secretaria general de los izquierdistas, durante una entrevista en 'Mañaneros'. Su homólogo entre los populares, Miguel Tellado, pareció mostrarse de acuerdo con ella durante una comparecencia en la que calificó el decreto como "de derechas", pero descartando apoyarlo por no ser más contundentes en las bajadas impositivas.
La gran mayoría de las medidas, advierte el BOE, tiene una limitación temporal: hasta el 30 de junio de este año. Solamente aquellas con mayor cariz social (como el refuerzo de los bonos sociales o la garantía del suministro de agua y electricidad para consumidores vulnerables) se prorrogarán hasta el final de 2026.
La medida sale adelante en un momento de cambios dentro del Ejecutivo: Sánchez debe decidir quién sustituirá a María Jesús Montero al frente de la cartera de Hacienda y como vicepresidenta primera tras su marcha del Consejo de Ministros para ser la candidata socialista en las próximas elecciones andaluzas. Los medios especulan con el ascenso de Carlos Cuerpo, hasta ahora ministro de Economía (del que parte el grueso de las medidas del decreto) y con un estilo y discurso más técnico que político.
El pleno también ha aprobado otras medidas tras su ratificación en el Senado, como la ley de multirreincidencia (pactada por el PSOE para atraer, una vez más, a los diputados catalanes comandados por Míriam Nogueras), así como la ley de Economía Social del departamento de Yolanda Díaz.
El decreto sobre los alquileres, en el aire
Esta segunda pata de las medidas gubernamentales es mucho más concisa, sumarizándose en dos puntos: la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.
"En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la LAU", reza el BOE, "vigentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 finalice antes del 31 de diciembre de 2027 (...) se aplicará, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales. Durante esta prórroga se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor".
Por último, el segundo punto del Boletín estatal dictamina que, salvo acuerdo entre arrendador y arrendatario, la renta no se podrá subir más de un 2%. Ahora todo depende de la voluntad de las fuerzas del Congreso aunque el asunto parece abocado, al contrario que el decreto aprobado durante la tarde de este jueves, al fracaso.