La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advierte del auge del reclutamiento en conflictos armados y seguridad privada en el exterior. Su papel resulta clave en guerras como la de Ucrania, pero también en otros enfrentamientos menos reconocibles, especialmente en África.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este miércoles de que más de 10.000 ciudadanos de Colombia han sido reclutados para participar en conflictos armados y labores de seguridad privada en distintas partes del mundo, una tendencia que considera en aumento y que plantea graves riesgos para los derechos humanos.
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La advertencia figura en un comunicado del Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios, difundido al término de una visita oficial al país, en el que las expertas celebran la firma de una nueva ley por parte del presidente Gustavo Petro que ratifica la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989. Según el grupo, la norma es "un paso esencial para proteger los derechos humanos y cumplir las obligaciones".
Las expertas subrayan que décadas de conflicto armado interno en Colombia favorecieron la proliferación de actores armados y de empresas de seguridad privada. Aunque reconocen avances en reformas de derechos humanos y reintegración de excombatientes, advierten de que persisten importantes desafíos.
"Más de 10.000 colombianos son reclutados en conflictos armados en todo el mundo, por vías tanto legales como irregulares", indica el comunicado, que insiste en la necesidad de datos más precisos y de abordar las causas profundas del fenómeno.
La mayoría de los reclutados son exmilitares, muy demandados en escenarios de seguridad y guerra por su experiencia. Incentivos económicos elevados, la falta de oportunidades laborales y el auge del reclutamiento en línea han impulsado la salida de colombianos al extranjero, incluso para participar en combates.
Las familias de quienes mueren o desaparecen en estos contextos, añade la ONU, tienen serias dificultades para obtener información, especialmente cuando ha habido engaño o prácticas depredadoras.
El Grupo de Trabajo alerta también de los riesgos asociados al elevado número de empresas de seguridad privadas no reguladas, armas sin licencia y tecnologías avanzadas, como drones y sistemas de vigilancia. Aunque reconoce que el empleo legítimo en el ámbito militar y de seguridad puede ser una fuente de ingresos, recuerda que el uso de mercenarios está prohibido por el derecho internacional.
La ONU recomienda reforzar la cooperación institucional e internacional, lanzar campañas de concienciazión y mejorar las oportunidades económicas para frenar el reclutamiento. El informe completo será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026.