El aumento de refugiados y migrantes en Egipto, muchos de ellos procedentes de conflictos en Sudán y Siria, incrementa la presión sobre los servicios públicos y las agencias de ayuda, mientras El Cairo reclama a Europa asumir una mayor parte del coste.
Egipto presiona a la Unión Europea para que asuma una mayor parte del coste de acoger a lo que El Cairo cifra en millones de refugiados y migrantes, mientras Bruselas sopesa su creciente dependencia de un país al que considera un dique clave frente a la inmigración irregular a través del Mediterráneo.
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Ambas partes cuentan con bazas en la negociación. Europa necesita a Egipto para contener los flujos migratorios, mientras que El Cairo depende del apoyo financiero europeo para gestionar una crisis que, según asegura, le cuesta más de 8.500 millones de euros al año.
"La capacidad de presión de Egipto frente a la UE ha aumentado claramente porque los gobiernos europeos están sometidos a presiones internas para reducir la migración irregular", explicó a 'Euronews' Andrew Geddes, profesor de Estudios sobre Migraciones y director del Migration Policy Centre del Robert Schuman Centre.
La cuestión ha ganado urgencia a medida que las agencias humanitarias alertan de crecientes déficits de financiación en Egipto, donde la guerra en Sudán se suma a una amplia población de refugiados y migrantes que incluye a sirios, palestinos, sursudaneses, eritreos, etíopes, yemeníes, somalíes e iraquíes.
"La llegada de refugiados sirios hizo que Egipto fuese visto como un país de acogida creíble. El desplazamiento de sudaneses ha añadido urgencia y presión, reforzando el argumento egipcio de que se enfrenta a cargas continuas y crecientes", añadió Geddes.
Una asociación pese a las críticas
En 2024, la UE y Egipto elevaron su relación a una Asociación Estratégica y Global que abarca las relaciones políticas, la estabilidad económica, el comercio y la inversión, la migración, la seguridad y el desarrollo de capacidades.
Bruselas anunció entonces un paquete financiero de 7.400 millones de euros para el periodo 2024-2027, que incluye 5.000 millones en préstamos concesionales, 1.800 millones en inversiones adicionales y 600 millones en subvenciones, de los que 200 millones se destinan a la gestión migratoria.
La Comisión Europea ha presentado este paquete como parte de una asociación más amplia con Egipto que abarca la estabilidad económica, la inversión, la migración, la seguridad y las competencias.
Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por eurodiputados y organizaciones de derechos humanos, que consideran que la UE está ampliando la cooperación migratoria sin garantías suficientes en materia de derechos humanos, protección internacional y rendición de cuentas.
La eurodiputada de Los Verdes/ALE Tineke Strik advirtió de que la cooperación con el presidente Abdel Fattah al Sisi podría traducirse en "más violencia contra los migrantes, más represión y más disidentes huyendo del país".
Por su parte, el eurodiputado francés Mounir Satouri, ponente del Parlamento para Egipto, criticó el enfoque regional del acuerdo, que incluye también a Túnez, y subrayó: "Estos no son los fondos privados de Olivér Várhelyi. Son fondos europeos".
Varios eurodiputados presentaron además preguntas formales a la Comisión Europea para exigir explicaciones sobre el uso de esos fondos. La Comisión defendió el acuerdo como un instrumento de responsabilidad compartida y de avance en derechos humanos, en lugar de un retroceso.
"Juntos trabajaremos también en nuestro compromiso de promover la democracia y los derechos humanos", afirmó Ursula von der Leyen durante la firma del acuerdo en El Cairo.
La cuestión de los diez millones
En abril, durante una reunión ministerial africana sobre migración, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, afirmó que su país acoge "a más de diez millones de migrantes e invitados" que viven integrados en la sociedad y no en campos de refugiados.
En febrero de 2025, en una conversación con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, Abdelatty subrayó la "limitada" dimensión del apoyo internacional recibido por Egipto en relación con las cargas que afronta.
El ministro insistió también en la necesidad de abordar la migración desde un enfoque global, vinculado al desarrollo y a las causas profundas, y defendió el "éxito" de Egipto en frenar las salidas irregulares hacia Europa desde 2016.
Asimismo, pidió ampliar las vías de migración legal, con programas de formación y oportunidades laborales para jóvenes que respondan a las necesidades de los mercados europeos.
También subrayó la necesidad de incorporar "el reparto de cargas y de responsabilidades, así como la solidaridad internacional", y defendió que el apoyo no se limite a programas a corto plazo, sino que incluya financiación estructural a largo plazo que ayude a los países de acogida a seguir prestando servicios y a mantener la cohesión social.
El primer ministro, Mostafa Madbouly, ha afirmado igualmente que Egipto acoge a más de diez millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y ha añadido que el coste de prestarles servicios, estimado en más de 10.000 millones de dólares (8.500 millones de euros), es elevado.
La cifra de personas que Egipto asegura acoger es muy superior al número de refugiados y solicitantes de asilo registrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el país. En su actualización operativa de febrero, ACNUR situó la población registrada en Egipto en casi 1,1 millones de personas, con mujeres y menores que representan cerca de tres cuartas partes del total.
La diferencia obedece en parte a las distintas categorías de nacionales extranjeros en situación de necesidad. Las cifras de ACNUR abarcan a refugiados y solicitantes de asilo registrados, es decir, personas reconocidas formalmente como necesitadas de protección, así como otras que aún esperan una decisión sobre su estatuto, mientras que las autoridades egipcias utilizan una definición más amplia que incluye también a migrantes, nacionales extranjeros y residentes indocumentados en el país.
"Las discrepancias en las cifras son muy significativas", apuntó Geddes. "Para las autoridades egipcias, las cifras más altas ayudan al Gobierno a subrayar la magnitud de la carga y a justificar sus políticas".
Por qué Egipto se ha convertido en refugio
Egipto se ha convertido en un importante destino en parte por su geografía y su historia. Comparte una larga frontera con Sudán y mantiene estrechos vínculos sociales, familiares y económicos con las comunidades sudanesas.
Como país situado en la intersección entre África y Oriente Medio, también ha acogido a sirios, palestinos, yemeníes, eritreos y a otras personas que huyen de conflictos o de la inestabilidad en ambos continentes.
Para muchas de estas personas, Egipto ofrece una relativa estabilidad, comunidades ya asentadas, grandes ciudades donde alquilar vivienda y buscar trabajo informal, y un coste de la vida más bajo que en muchos otros destinos.
Sin embargo, esos mismos factores también hacen que refugiados y migrantes se integren en zonas urbanas ya de por sí saturadas.
A diferencia de países como Jordania y Turquía, que han acogido grandes campos formales de refugiados, o Líbano, que ha alojado a muchos sirios en asentamientos informales de tiendas de campaña, Egipto no cuenta con ninguno de estos modelos. Los refugiados y migrantes viven, por lo general, en ciudades como El Cairo, Alejandría, Damieta o Asuán, junto a las comunidades locales.
Las autoridades egipcias suelen presentar este modelo como prueba de que los refugiados y migrantes están integrados en la sociedad y tienen acceso a servicios básicos, pero las organizaciones humanitarias advierten de que también genera presión sobre la vivienda, las escuelas, la sanidad y los servicios locales.
La propia crisis económica de Egipto ha agravado esa presión, especialmente en un país con más de 120 millones de habitantes que ya afronta altos precios y unos servicios públicos tensionados. Aunque Egipto puede resultar más barato que muchos países europeos o del Golfo, el poder adquisitivo se ha debilitado para quienes cobran en libras egipcias.
El país ha sufrido sucesivas devaluaciones de la moneda, una inflación elevada y reformas de las subvenciones en el marco de un programa respaldado por el FMI, lo que ha mermado los presupuestos tanto de muchos egipcios como de los refugiados. La inflación anual urbana se situó en el 14,9% en abril de 2026, frente al 15,2% de marzo, según la agencia oficial de estadística de Egipto, CAPMAS.
Un mes antes, la inflación nacional había subido al 13,5%, impulsada por el encarecimiento de los alimentos y el transporte, con precios de los alimentos y bebidas que aumentaron un 5,2% en términos mensuales y costes del transporte al alza en un 8%. La vivienda se ha convertido también en un foco de presión, sobre todo en El Cairo, que se ha vuelto inesperadamente cara para muchos recién llegados.
Se estima que los alquileres en el Gran Cairo aumentaron entre un 10% y un 18% interanual en 2026, por encima de la inflación oficial. A comienzos de 2026, el alquiler medio mensual de un piso de un dormitorio en el Gran Cairo rondaba las 27.000 libras egipcias, unos 510 euros.
Los estudios en los distritos periféricos parten de unas 10.000 libras egipcias al mes y alcanzan hasta 40.000 libras o más en las zonas céntricas. El salario mínimo en Egipto es de 7.000 libras egipcias (132 euros) al mes, por lo que una persona que percibe ese salario no puede pagar ni siquiera el alquiler del estudio más modesto en el Gran Cairo, y mucho menos mantener a una familia.
Para las familias refugiadas, que por lo general carecen de permisos de trabajo y dependen del empleo informal o de las ayudas en efectivo de ACNUR, el desequilibrio es aún mayor. ACNUR señaló que la financiación media disponible por refugiado en Egipto pasó de unos 11 dólares (9,4 euros) por persona y mes en 2022 a menos de 4 dólares (3,4 euros) en 2025.
La agencia indicó que muchas familias refugiadas tienen dificultades para pagar el alquiler, comprar alimentos y cubrir los gastos médicos.
Para muchas familias, las ayudas en efectivo son una de las pocas formas de apoyo disponibles. Nawal, una viuda sudanesa que vive en El Cairo con seis hijos, explicó en un testimonio publicado por ACNUR que solo puede enviar a tres de ellos al colegio. "Mi hijo mayor dejó los estudios para cuidar de sus hermanos mientras yo trabajo", contó.
Para Egipto, este déficit refuerza el argumento de que los socios internacionales deben asumir una mayor parte del coste. La presión ha hecho, además, que la cuestión sea más sensible dentro de Egipto. A medida que ha aumentado el coste de la vida, ha crecido el debate público sobre la presencia de refugiados y migrantes y sobre la presión que pueden ejercer en la vivienda, el empleo y los servicios públicos.
Por eso, El Cairo considera que, pese a las promesas de miles de millones, los fondos externos simplemente no bastan. "Hay cierto desencuentro en materia de financiación", señaló Geddes. "La UE ha aumentado los niveles de financiación, pero, desde la perspectiva egipcia, no se consideran suficientes, dados, por ejemplo, los elevados costes de alojar a una población tan amplia de migrantes y refugiados".
"Es probable que siga siendo una cuestión sin resolver", añadió.
Sudán cambió la ecuación
Las presiones sobre Egipto en materia de refugiados no comenzaron con la guerra en Sudán. Durante años, los sirios fueron el mayor grupo de refugiados registrados en el país, después de que muchos huyeran de la guerra civil siria a partir de 2011. ACNUR señala que el número de sirios registrados en Egipto pasó de 12.800 a finales de 2012 a más de 147.000 a finales de 2024.
Muchos sirios viven ya en Egipto desde hace más de una década, han creado negocios, han matriculado a sus hijos en escuelas y se han integrado en comunidades urbanas. La guerra en Sudán, sin embargo, ha cambiado radicalmente la dimensión del problema.
Desde que estallaron los combates en Sudán en abril de 2023, entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, millones de personas han sido desplazadas dentro y fuera del país.
ACNUR afirma que el número de refugiados y solicitantes de asilo en Egipto se ha triplicado desde el inicio de la guerra y que el país se ha convertido en el principal destino para quienes huyen de Sudán, además de situarse entre los que reciben un mayor número de nuevas solicitudes de asilo en todo el mundo.
En febrero de este año, los nacionales sudaneses constituían el mayor grupo de refugiados y solicitantes de asilo, con más de 830.000 personas. La presión sobre el sistema de acogida de Egipto se ha visto agravada por un fuerte déficit de financiación que afecta a los programas de ayuda de ACNUR.
En abril, ACNUR advirtió de que la grave falta de fondos podría obligar a suspender las ayudas en efectivo para algunas de las familias refugiadas más vulnerables en Egipto. La agencia señaló que al menos 20.000 familias refugiadas, unas 87.000 personas, podrían perder el apoyo económico si no se consigue financiación urgente.
Más de la mitad de esas familias ya había sufrido recortes o la retirada de las ayudas entre enero y marzo de 2026, según ACNUR. La agencia indicó que solo se ha garantizado en torno al 2% de la financiación necesaria para su programa de ayudas en efectivo en Egipto en 2026.
"Sin una financiación inmediata y sostenida, este salvavidas vital corre el riesgo de desaparecer", alertó ACNUR en su comunicado de abril. Durante las conversaciones con Al Sisi a comienzos de año, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, afirmó que la Unión Europea debería compartir la responsabilidad de acoger a grandes poblaciones de refugiados, según un comunicado de la Presidencia egipcia.
Las preocupaciones por los derechos ponen a prueba la asociación
La relación entre la UE y Egipto en materia migratoria también ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos y de expertos de la ONU. En marzo, expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos relatores especiales sobre los derechos humanos de los migrantes, la trata de personas, la tortura, el racismo y la violencia contra mujeres y niñas, alertaron de lo que describieron como una "campaña creciente de deportaciones, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos" dirigida contra refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en Egipto.
Los expertos señalaron que habían recibido informes de refugiados perseguidos en sus domicilios, lugares de trabajo y centros de servicios gestionados por refugiados, con especial incidencia entre nacionales sudaneses y sirios. Según esos expertos, las detenciones y deportaciones se intensificaron a partir de finales de 2025, y algunas expulsiones se habrían llevado a cabo sin evaluaciones individuales de los riesgos para su protección.
Los mismos expertos de la ONU expresaron también su preocupación por la ley de asilo de Egipto, aprobada en diciembre de 2024. Las organizaciones de derechos humanos afirman que la ley otorga a las autoridades amplios poderes para denegar o revocar el estatuto de refugiado por motivos como la seguridad nacional, el orden público o el incumplimiento de los "valores y tradiciones" egipcios.
En una respuesta de diciembre de 2025 a los Procedimientos Especiales de la ONU, Egipto sostuvo que los casos de detención eran "medidas cautelares temporales" destinadas a verificar la identidad y combatir las redes de tráfico y trata de personas. Añadió asimismo que, para respetar el principio de no devolución, el país "no devuelve a ninguna persona que se enfrente a un peligro".
Según Geddes, la migración forma ya parte de una relación más amplia entre la UE y Egipto, en la que entran en juego factores como el dinero, la política, el comercio, el desarrollo y la seguridad. "La migración es un pilar clave de la relación entre la UE y Egipto y ha dado forma a los paquetes financieros, al compromiso político y a los vínculos diplomáticos asociados a ella", señaló Geddes.
"También conviene recordar que la migración se integra en una asociación estratégica más amplia que abarca el comercio, el desarrollo y las preocupaciones de seguridad", concluyó.