Las autoridades han completado la identificación de los fallecidos, mientras concluye la retirada de los vagones accidentados. La Guardia Civil ha interrogado a una veintena de trabajadores ferroviarios y el Gobierno aprobará ayudas para los afectados.
La identificación de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha concluido, según ha confirmado este lunes el Centro Integrado de Datos (CID). Del total de fallecidos, 54 eran españoles y 15 tenían otras nacionalidades. El proceso ha quedado completado tras la llegada de los familiares de tres víctimas extranjeras, dos australianas y una japonesa, cuya desaparición seguía activa.
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Al mismo tiempo, los equipos de Emergencia han terminado de retirar de las vías los últimos vagones que permanecían en el lugar del siniestro, ocurrido el pasado 28 de octubre. Se trata de los dos últimos coches del tren de Iryo, los números 7 y 8, que habían sufrido los daños de menor consideración.
Los restos de los convoyes han sido trasladados a una ubicación segura y quedarán a disposición de la autoridad judicial para facilitar las investigaciones. La Guardia Civil mantiene, no obstante, las labores de búsqueda de posibles restos biológicos en la zona del impacto, con la previsión de concluir las últimas batidas este martes.
Unos 50 efectivos participan en estas tareas, en las que intervienen agentes de la Policía Judicial, equipos cinológicos y drones. El perímetro de seguridad establecido por orden judicial continúa vigilado para impedir el acceso de personas no autorizadas. Los trabajos de reparación de la infraestructura ferroviaria no comenzarán hasta que finalicen estas operaciones.
En cuanto a los heridos, su evolución es favorable. Un total de 81 personas han recibido ya el alta hospitalaria. Otras 29 permanecen ingresadas en centros sanitarios de Castilla-La Mancha, nueve de ellas en unidades de cuidados intensivos y 20 en planta. Además, diez pacientes han sido trasladados a hospitales de Madrid y Andalucía.
La Guardia Civil toma declaración a una veintena de trabajadores
La investigación judicial avanza ahora en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el accidente y, especialmente, de las decisiones adoptadas en el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif en Madrid-Puerta de Atocha durante los minutos previos a la colisión.
La Guardia Civil ha interrogado ya a alrededor de una veintena de personas, en su mayoría trabajadores ferroviarios que se encontraban en el centro de control cuando se produjo el siniestro. Las declaraciones se realizaron principalmente entre el jueves y el viernes de la semana pasada e incluyeron a operadores, personal de apoyo, trabajadores en formación y supervisores ferroviarios.
Entre los interrogados figura el operador que, según las grabaciones de audio conocidas tras el accidente, autorizó al tren AVE de Renfe a continuar circulando "con normalidad" cuando el convoy de Iryo permanecía detenido en la vía. Este trabajador, citado como investigado y acompañado de un abogado, se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes.
Los investigadores tratan de determinar quién decidió reanudar la circulación ferroviaria y qué información manejaban los responsables del centro de control sobre la presencia de un tren detenido unos kilómetros más adelante.
También se examinará si se dieron instrucciones para acelerar la recuperación del tráfico después de un fallo informático que había provocado la detención de hasta seis trenes en un tramo de algo más de 60 kilómetros.
La investigación deberá aclarar, además, si existen discrepancias entre las grabaciones de audio del centro de control y los registros oficiales de comunicaciones telefónicas entre los responsables de la circulación, así como si las actuaciones se ajustaron a los protocolos de Adif. La jueza que instruye el caso ha solicitado la documentación relativa a los procedimientos aplicados antes, durante y después del accidente. La causa permanece bajo secreto judicial.
Puente comparece en el Congreso y el Gobierno aprobará ayudas para las víctimas
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá este martes ante la Diputación Permanente del Congreso para informar sobre el accidente ferroviario.
La comparecencia, prevista en torno a las 17:00, se produce en un contexto de creciente presión política sobre el ministro. La oposición reclamará su dimisión o cese, en una sesión en la que la mayoría absoluta de la Diputación Permanente se ha situado en contra de su continuidad al frente del departamento.
Puente ya ha descartado abandonar el cargo en las dos comparecencias públicas que ha ofrecido desde el accidente. El ministro explicó que puso su puesto a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que este rechazó su salida por considerarla "injusta".
Por su parte, el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto ley con un paquete de ayudas para los afectados, según anunció Sánchez. Las medidas seguirán el modelo del escudo de protección puesto en marcha tras el anterior accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba.
El paquete se articulará en cuatro ejes: ayudas económicas que duplicarán la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, un mecanismo específico para anticipar el pago de indemnizaciones, una cobertura mejorada para las víctimas que necesiten una baja por incapacidad temporal y la apertura de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno correspondientes a los lugares de residencia de los afectados.
Será el propio Puente quien detalle el contenido de las medidas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.