La victoria aplastante anuncia el retorno a la responsabilidad fiscal tras la era de la pandemia, pero algunos temen que las nuevas normas acaben con inversiones ecológicas vitales.
PUBLICIDADLos eurodiputados han aprobado formalmente este martes las nuevas normas fiscales de la UE, haciendo caso omiso de la oposición de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, que temen una vuelta a la era de austeridad y reducción del gasto público.
La revisión fue aprobada por 359 votos a favor, 166 en contra y 61 abstenciones, tras varios años en los que los estrictos controles presupuestarios de Bruselas se abandonaron en gran medida debido a la pandemia.
"Esta reforma constituye un nuevo comienzo y una vuelta a la responsabilidad fiscal al mismo tiempo", declaró antes de la votación Markus Ferber, representante por Alemania del Partido Popular Europeo, uno de los eurodiputados que dirigió los trabajos sobre las nuevas leyes, quien añadió que aún es necesario hacer cumplir las normas.
"Cuando se tiene el control del presupuesto, no se necesita austeridad, por lo que la gente confunde una cosa con la otra", dijo Ferber a los legisladores durante la última sesión plenaria antes de que el Parlamento se levante de cara a las elecciones de junio.
Las normas presupuestarias de la UE, campo de batalla política
Las normas presupuestarias de la UE han demostrado ser un campo de batalla política dentro de la eurozona, con Estados miembros frugales como Alemania y los Países Bajos reticentes a fomentar lo que consideran despilfarro en otros miembros de la eurozona como Grecia e Italia.
Los Gobiernos llegaron a un acuerdo en diciembre sobre las nuevas propuestas tras meses de discusiones, y poco después se acordó una versión con el Parlamento Europeo.
A pesar de que existe un amplio consenso en todo el espectro político sobre la necesidad de normas fiscales más claras, sencillas y flexibles, algunos eurodiputados de izquierdas temen que puedan frenar la inversión.
"Votar a favor de estas nuevas normas es una camisa de fuerza para todos los países europeos", declaró el martes el belga Philippe Lamberts, de los Verdes.
Déficit por debajo del 3% del PIB
Según las nuevas normas, los Gobiernos tendrán que mantener el déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB, lo que, según los críticos, deja a los Estados miembros con un déficit de financiación pública de miles de millones de euros.
Según un reciente estudio publicado por la Confederación Europea de Sindicatos, solo tres países de la UE (Dinamarca, Irlanda y Suecia) podrán cubrir sus déficits estimados de inversión verde y social en 2027.
Atendiendo a demandas de gasto como sanidad, vivienda y educación, la CES calcula que los Gobiernos necesitarán entre 300.000 y 420.000 millones de euros anuales más (entre el 2,9% y el 2,9% del PIB de la UE) para cumplir los objetivos ecológicos y sociales en los próximos años.
"Europa corre el riesgo de repetir los errores del pasado, centrándose en ratios arbitrarios de deuda y déficit en lugar de dar prioridad a una economía que trabaje por el bienestar de las personas y el planeta", declaró a 'Euronews' Laura de Bonfils, secretaria general de la organización social Plataforma Social.
Pero muchos eurodiputados ven con buenos ojos la vuelta a la responsabilidad fiscal. "Lo que hemos conseguido no es perfecto", dijo el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, a los legisladores. "Es un buen compromiso, fruto de la determinación de todos por avanzar y mejorar el trabajo legislativo actual".
La portuguesa Margarida Marques, del bloque de Socialistas y Demócratas, que trabajó con Ferber para acordar el texto, pareció estar de acuerdo, a pesar de destacar la flexibilidad, la transparencia y la atención a las cuestiones sociales.
"Todos hemos tenido que hacer excepciones, muchas de ellas difíciles", dijo Marques durante el debate, añadiendo: "Sin embargo, para que una reforma sea efectiva, tiene que ser aceptada por todos".
Se espera que los ministros de Agricultura, reunidos la próxima semana, den su visto bueno a la propuesta, que ya fue aprobada provisionalmente por los legisladores y los Estados miembros en febrero.