El Ejecutivo permitirá 7.700 millones extra en distribución y 3.600 millones en transporte eléctrico. Los fondos se destinarán a reforzar la red, atender la nueva demanda y mejorar la seguridad.
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El Gobierno español planea destinar 13.590 millones de euros a la red de transporte eléctrico de alta tensión hasta 2030, una cifra que supone un 65% más que la prevista en la actual planificación (2021-2026) y que permitirá multiplicar por 14 la capacidad de la infraestructura. La medida permitirá movilizar 7.700 millones de euros adicionales en redes de distribución (media y baja tensión) y 3.600 millones en transporte (alta tensión), según anunció la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
El transporte y la distribución son actividades reguladas en España y operan bajo un régimen de monopolio natural: la Red Eléctrica Española (REE) en transporte e Iberdrola, Endesa y Naturgy en distribución. Estas compañías desarrollan las infraestructuras con límites fijados por el Gobierno, dado que su financiación repercute en el recibo de la luz que acaba llegando al usuario.
Actualmente, el máximo de inversión equivale al 0,065% del PIB para transporte y al 0,13% para distribución. Con el nuevo real decreto, que se somete a consulta pública hasta el 6 de octubre, las empresas podrán superar esos límites con la condición de cumplir ciertos objetivos.
Al menos un 10% de la inversión deberá destinarse a reforzar la seguridad de la red, un 15% a cubrir nuevas necesidades de consumo y un 5% a medidas de protección de la avifauna. Además, las compañías deberán presentar sus planes a consulta pública y someterse a evaluaciones anuales, con posibles penalizaciones si no cumplen los objetivos de inversión.
Junto a esta decisión, el Ejecutivo ha presentado la planificación de la red de transporte eléctrico hasta 2030, con una inversión prevista de 13.590 millones de euros. El plan contempla 422 nuevas ampliaciones de conexión para responder a una demanda de 27,7 GW que incluye 13,1 GW para producción de hidrógeno verde, 9 GW para proyectos industriales, 3,8 GW para centros de datos, 1,8 GW para desarrollos residenciales, 1,2 GW para electrificación portuaria y 560 MW para ferrocarril.
Entre las actuaciones señaladas figuran refuerzos en las redes de distribución del País Vasco, Murcia y Madrid, la conexión de polígonos industriales en Castilla y León y Galicia, y la integración de nuevos proyectos en Asturias, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.
Redeia culpa a una planta de Badajoz del apagón de abril
El pasado 28 de abril, un masivo apagón eléctrico afectó a millones de personas en la Península Ibérica, dejando a gran parte de la población sin suministro durante varias horas. Casi cinco meses después, Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (anteriormente conocida como Red Eléctrica de España), compareció en el Senado para dar explicaciones sobre los hechos y señalar a los responsables.
Durante su intervención, Corredor destacó que la investigación interna realizada por la compañía no identificó fallos en el operador público, apuntando directamente a las empresas eléctricas privadas como las principales causantes del incidente. Según sus declaraciones, se pudo determinar con "constancia física" que el origen del apagón se encontraba en una planta fotovoltaica ubicada en la provincia de Badajoz.
Aunque los informes oficiales mantienen en el anonimato el nombre de la empresa propietaria de la planta, la presidenta de Redeia no dudó en señalar que las irregularidades se originaron en esa instalación. El corte de suministro, que comenzó a las 12:03 horas del 28 de abril, estuvo asociado a una "oscilación extraordinaria" de 0,6 hercios, provocada por lo que Corredor calificó como "mala gestión y mal control" de la planta fotovoltaica.
En sus declaraciones, Corredor también reveló que la empresa en cuestión había reconocido que estaba llevando a cabo una suerte de "experimento" en la forma en que operaba su sistema, lo que, según la presidenta de Redeia, fue la causa que desató una reacción en cadena, comprometiendo la estabilidad de la red eléctrica nacional y dejando a millones de ciudadanos sin luz.
La situación, que aún sigue siendo objeto de análisis y debate, pone sobre la mesa cuestiones relacionadas con la gestión y la seguridad de las infraestructuras energéticas, en un contexto de creciente apuesta por las energías renovables. Mientras tanto, los responsables del incidente continúan siendo señalados, pero las autoridades aún no han anunciado medidas definitivas para evitar futuros apagones de semejante magnitud.