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Colombia: la activista indígena Celia Umenza con la muerte en los talones

Celia Umenza sonríe durante su entrevista con AFP
Celia Umenza sonríe durante su entrevista con AFP   -   Derechos de autor  LUIS ROBAYO/AFP or licensors
Por Luis Robayo, Juan Sebastián Serrano con AFP
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Al otro lado de la línea, Celia Umenza se ve interrumpida de repente por el sonido de las armas automáticas que estallan en el fondo de la montaña. Para los líderes indígenas de Colombia, que luchan por el medio ambiente y los derechos de sus comunidades, el peligro es permanente.

En medio de una entrevista telefónica con la agencia AFP, el incidente es apenas perceptible para la señora Umenza, que está sentada en su pequeña oficina en el municipio de Toribío, en el departamento colombiano de Cauca, al suroeste del país.

Al menos 227 activistas medioambientales fueron asesinados en todo el mundo en 2020: casi un tercio de ellos (65) lo fueron en Colombia, según revela la ONG Global Witness en su informe anual publicado este lunes.

"La amenaza está en todas partes", dijo la Sra. Umenza, que ha sobrevivido a tres intentos de asesinato en este país asolado por el conflicto desde hace casi seis décadas.

La última vez fue en 2014. "Estaba en la furgoneta de un vecino que me llevaba a casa y nos dispararon", recuerda este mujer de 48 años, que salió ilesa del incidente.

Según Global Witness, 2020 fue el año más mortífero para los activistas medioambientales de todo el mundo desde 2012, cuando la ONG comenzó su macabro recuento. Estos ataques no han dejado de aumentar desde 2018.

Fuera de Colombia, los delitos se concentran en México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17) y una docena de países más. Las víctimas tienen varias cosas en común: el 70% de ellas trabajaban para detener la deforestación y todas menos una vivían en países en desarrollo. Un tercio eran miembros de pueblos indígenas.

Monocultivo depredador

A principios de los años 70, los indígenas del Cauca comenzaron a organizarse para luchar contra los grandes productores de caña de azúcar, a los que acusaban de expulsarlos de sus tierras fértiles para desarrollar su negocio.

"Los bosques del pasado están desapareciendo, la fauna, la flora... Es muy preocupante", se lamenta la Sra. Umenza.

Para esta miembro de la tribu Nasa, no hay duda de que el monocultivo de la caña de azúcar es la principal causa de la deforestación. La caña de azúcar "consume mucha agua y seca el suelo".

Las conclusiones del informe de Global Witness son similares: muchas industrias "llevan décadas actuando de forma irresponsable". La ONG denuncia que "contribuyen y son los principales beneficiarios de los ataques a los ecologistas".

En 2020, la minería y la agroindustria pueden considerarse responsables de 34 asesinatos, según Global Witness, que ha observado un creciente control de "grupos paramilitares y criminales" sobre las poblaciones rurales.

El Cauca, una de las regiones más conflictivas de Colombia, es un ejemplo paradigmático de las amenazas combinadas a la naturaleza y a sus defensores.

Cerca de Toribío, donde vive la Sra. Umenza, la minería ilegal de oro contamina el agua con mercurio y, más al norte, los pesticidas utilizados para el cultivo ilegal de marihuana envenenan el suelo.

Ambos negocios enriquecen a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmantes de un acuerdo de paz en 2016), a los rebeldes marxistas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y a grupos paramilitares de extrema derecha.

Según Umenza, algunas empresas de alto nivel también se benefician de la explotación ilegal del oro, que compran a bajo precio. "Patrocinan a todos los llamados excavadores ilegales y mineros artesanales.

La activista es miembro de la Guardia Indígena, una organización no armada que defiende los derechos de los indígenas con simples palos y unos walkie-talkies. Y han salvado la vida de la Sra. Umenza en varias ocasiones, dice.

La Guardia entra a menudo en las plantaciones de caña de azúcar, que considera usurpadas a los "antepasados", y se enfrenta a las fuerzas del orden. También es habitual que sus miembros desarmen y expulsen a los combatientes de los grupos armados de sus tierras.

Chaleco antibalas

"En los territorios indígenas, afortunadamente, hemos logrado evitar la minería", dice la líder indígena.

Pero el precio es alto: en 2021, una media de un miembro de la guardia ha sido asesinado por semana hasta ahora.

Las amenazas contra Celia comenzaron en 2001. El primer intento de asesinato fue en 2005, cuando los guerrilleros de las FARC le dispararon mientras caminaba por el campo.

Cuatro años después, bajo amenaza, tuvo que huir de la región. Este fue el primer exilio forzado de su pueblo. La última fue en enero de 2021.

Tras denunciar estas amenazas a las autoridades, la activista recibió en 2011, junto con otras cuatro personas de la región, una escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) estatal.

Hace unos meses, la misma oficina le ofreció una escolta personal, un teléfono y un chaleco antibalas.

"No lo quería, porque caminar a pie con un chaleco me hace sentir más vulnerable", como si fuera un blanco móvil, dice Celia.

Desde entonces, el "miedo" se ha apoderado de su vida y de la de su familia. Sus tres hijos viven lejos de ella por seguridad, y se ha separado de su padre, que dice "no pudo aguantar más" el círculo vicioso de amenazas, ataques y exilio temporal.

"No es fácil vivir siendo un objetivo, con un cazador detrás, sin saber lo que te depara el futuro", dice.