Si en su grifo se filtra una sustancia peligrosa, puede ser víctima indirecta de un delito medioambiental. En este episodio de 'The Road to Green', conocemos a personas en Eslovaquia y Rumanía que trabajan para llevar a los delincuentes ante la justicia.
Según la INTERPOL, el delito medioambiental es el tercer crimen organizado más grande del mundo, y provoca pérdidas financieras estimadas entre 102.000 y 261.000 millones de euros al año en todo el mundo. Esta cantidad crece entre un 5% y un 7% al año.
Los delitos incluyen la contaminación ilegal del aire, el agua y el suelo, la gestión ilícita de residuos, el comercio ilegal de especies silvestres y la destrucción de hábitats. Pueden tener graves repercusiones en la salud humana y en la economía.
Países y ciudadanos alzan la voz
Un año después de la entrada en vigor de una nueva directiva europea sobre delitos medioambientales, 'Euronews' viajó a Eslovaquia, al emplazamiento de un antiguo vertedero donde se había cometido gestión ilegal de residuos. Se sabe que los delitos relacionados con los residuos causan daños graves en el país.
Residentes de la localidad cercana y ONG alertaron a las autoridades, que investigaron y cerraron el vertedero. Los sospechosos, que presuntamente utilizaron organizaciones legales para llevar a cabo estas actividades, deberán ahora comparecer ante el tribunal.
También viajamos a Rumanía, hogar de una gran parte de los bosques vírgenes de Europa, para observar la lucha de las autoridades y de la sociedad civil contra la tala ilegal. Se estima que la mitad de todos los árboles talados se talan ilegalmente.
En respuesta, Rumanía ha desarrollado un sistema pionero de trazabilidad de la madera que permite a los ciudadanos verificar la legalidad de los envíos. Otros proyectos utilizan tecnologías como las imágenes por satélite para detectar infracciones del código forestal.
Armonizar la aplicación de la ley
Detectar y enjuiciar a los delincuentes medioambientales requiere conocimientos y recursos considerables. Algunos países cuentan con miles de agentes de policía y fiscales especializados, mientras que otros destinan menos recursos.
Una versión actualizada de la directiva europea sobre delitos medioambientales amplía la lista de delitos previstos en la legislación nacional de los Estados miembros e incluye medidas para armonizar la aplicación de la ley en toda la Unión.
Las nuevas categorías de delitos incluyen el reciclaje ilegal de embarcaciones, la extracción de agua, los delitos relacionados con productos químicos y mercurio y el comercio ilegal de madera.
Si alguno de estos actos causa daños graves al medio ambiente, se considerará un delito cualificado y se castigará con penas más severas. La directiva establece un sistema progresivo de penas de prisión e introduce nuevos métodos de imposición de multas.
También busca mejorar la eficacia de todos los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley, mediante la asignación de recursos, formación especializada y mecanismos de cooperación entre los Estados miembros.
El principio de que quien contamina paga está en el centro de la política medioambiental de la UE. Según un estudio de la Comisión Europea, el 92% de los europeos cree que las empresas contaminantes deben asumir los costes de la limpieza de la contaminación.