El Gobierno defiende que los "sindicatos mayoritarios" apoyan la normativa, pese a meses de protestas de los profesionales a ambos lados del espectro ideológico. El anteproyecto de ley ahora tiene que ser aprobado por el Congreso.
La ministra de Sanidad, Mónica García, no ha querido dar la cara en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros donde se ha presentado, tras meses de manifestaciones que han unido a médicos y sanitarios de todo pelaje ideológico, su nuevo Estatuto Marco para el personal de este sector clave en cualquier Estado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Ha sido la ministra portavoz, la socialista Elma Saíz, la que ha defendido esta medida abiertamente impopular al estar, ha dicho, respaldada por los "sindicatos mayoritarios", a saber, SATSE-FSES, CC.OO., UGT y CSIF frente a las agrupaciones que se asociaron para protestar contra el texto hoy aprobado, a falta de su tramitación en el Congreso.
Los profesionales reclaman varias medidas que no ven incluidas en la reforma de García, médica anestesista y perteneciente a la pata minoritaria del Gobierno por Sumar bajo la cuota de Más Madrid. Entre ellas, que la parte extraordinaria de sus jornadas -las guardias- coticen a la Seguridad Social y que se les contemple un plus de nocturnidad o días de descanso tras hacer varios turnos seguidos, como ocurre en convenios como el de la Policía Nacional o el de los funcionarios de prisiones.
También piden los profesionales la creación de una categoría profesional específica A1 para médicos, una jornada máxima de 35 horas semanales (en horario de mañana y en días laborables) y que cualquier exceso laboral se considere voluntario y retribuido. Así mismo, solicitan la implantación de un sistema de jubilación anticipada voluntaria, total o parcial, y la prohibición de la movilidad forzosa.
La ley, que actualiza el marco del personal sociosanitario vigente tras dos décadas, reduce la jornada máxima semanal a 45 horas, por debajo de la media europea del sector. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trató de aprobar un máximo general para toda la población de 37,5 horas semanales respecto a las 40 vigentes, pero el texto fue tumbado por las derechas el pasado mes de septiembre.
En el caso de las guardias, el límite máximo pasa a ser de 17 horas de trabajo efectivo, aparentemente consiguiendo una reducción de las 24 vigentes, pero hay trampa: el artículo 97 del anteproyecto establece que si no se puede garantizar la atención continuada adecuada, y "siempre que existan razones organizativas o asistenciales que así lo justifiquen, podrá superarse la duración máxima" de la jornada. El texto también contempla la creación del personal estatutario investigador y medidas de conciliación.
Los representantes sindicales críticos (CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O'MEGA) lejos de estar de conformes con el anteproyecto, han convocado una nueva concentración estatal el próximo 15 de junio, a las 12:00, frente a la sede del Ministerio de Sanidad. Estos acusan alMinisterio de mantener una estrategia de "dilación, inmovilismo y ausencia total de propuestas".
Saíz ha defendido que gran parte de las reivindicaciones que siguen planteándose no dependen ya del Ministerio: "Son las Comunidades Autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, plantillas, organización de los servicios y buena parte de las condiciones de trabajo de los profesionales", ha argumentado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.