El Ministerio de Sanidad estudia emprender acciones legales contra varias comunidades gobernadas por el Partido Popular que se negaron a facilitar los datos de sus programas de cribado de cáncer, tras abandonar el pleno del Consejo Interterritorial celebrado este viernes en Zaragoza.
"Esto no va a quedar así". Con esa frase, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, reaccionó al abandono del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebra este viernes en Zaragoza, por parte de los consejeros autonómicos del PP. Los representantes del Partido Popular se levantaron de la sesión apenas comenzada, en protesta por lo que califican de imposiciones del Ministerio.
La ministra calificó la actuación de "irresponsabilidad y deslealtad con la ciudadanía" y confirmó que su departamento está "estudiando la vía legal" para exigir la entrega de los datos reclamados. "Vamos a utilizar todas las herramientas legales y administrativas que tengamos en nuestra mano", dijo García.
A comienzos de octubre, el Ministerio solicitó a todas las autonomías los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix correspondientes a los últimos cinco años. El objetivo, según Sanidad, era mejorar la evaluación nacional y reforzar la prevención tras los fallos detectados en el sistema andaluz, que afectaron a unas 2.000 mujeres.
Varias comunidades del PP, entre ellas Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia, rechazaron la petición, alegando que dichos programas son de competencia autonómica y que el Ministerio aún no tiene un sistema informático suficiente para recoger los indicadores de forma homogénea. La ministra fue contundente: "Maniobra política es ocultarle los datos de cribados de cáncer a la ciudadanía, amén de una confesión explícita de que no son buenos datos". Y planteó: "¿A quién quieren proteger cuando ocultan esos datos? ¿A los ciudadanos y ciudadanas? No."
Los populares defendieron su retirada del pleno alegando "la utilización partidista y sectaria" del CISNS por parte del Gobierno. Según un comunicado conjunto, se oponen a las formas de exigencia sin acuerdo previo y consideran que la petición de datos responde más a una estrategia política que a una lógica sanitaria.
El abandono del PP impidió la aprobación de dos partidas de un millón de euros destinadas a centros oncológicos de referencia y al sistema nacional de vigilancia del cáncer, según el Ministerio.
Sanidad dice que "se están valorando todas las opciones jurídicas disponibles" para exigir la cooperación de las autonomías. El Ministerio sostiene que disponer de datos homogéneos es esencial para garantizar la equidad, la eficacia y la transparencia del sistema sanitario. Los programas de cribado permiten detectar de forma precoz miles de casos de cáncer y reducir la mortalidad, pero su evaluación requiere información completa y comparable entre comunidades.
La Fiscalía andaluza abre una segunda investigación
El jueves, la Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias para esclarecer lo ocurrido y pidió un informe a la Junta. En un comunicado, el ministerio público emitió "un decreto para incoar diligencias en relación con los cribados del cáncer de mama (...) que pudieran corresponder a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso de asistencia integrado del cáncer de mama".
Este viernes, el organismo ha comunicado que también incoará diligencias por la presunta manipulación de datos sanitarios, como mamografías y ecografías, por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), denunciada por la asociación Amama.