Las conclusiones llegarán un día después de que el Parlamento danés apruebe la ley de compensación para las mujeres afectadas, lo que plantea dudas sobre cómo encajará su evaluación de responsabilidades con la respuesta ya dada por Dinamarca.
Groenlandia presentará el viernes 28 de agosto dos informes largamente esperados que analizan posibles vulneraciones de derechos humanos vinculadas a casos históricos en los que mujeres y niñas groenlandesas fueron sometidas a la colocación de dispositivos intrauterinos (DIU, por sus siglas en inglés IUD) y otras formas de anticoncepción, incluida la cuestión de si las acciones de Dinamarca podrían encajar en la definición jurídica de genocidio.
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Un dispositivo intrauterino (DIU) es un método anticonceptivo que se coloca en el útero para evitar el embarazo. Más de 4.000 mujeres y niñas groenlandesas recibieron DIU en el marco de una campaña de anticoncepción dirigida por Dinamarca que comenzó en la década de 1960, y muchas de ellas afirmaron posteriormente que no habían sido informadas adecuadamente o que no habían dado su consentimiento.
Las conclusiones llegarán solo un día después de que el Parlamento danés tenga previsto aprobar definitivamente la ley de compensaciones para las mujeres afectadas, lo que plantea interrogantes sobre cómo encajará la valoración de responsabilidades de los informes con la respuesta ya articulada por Dinamarca.
Dinamarca gestionó el sistema sanitario de Groenlandia hasta 1992. En 2024, el autogobierno groenlandés encargó a expertos independientes que investigaran si el Estado danés cometió un genocidio y vulneró el derecho internacional.
"Como sociedad, debemos tener todos los hechos sobre la mesa, pero también debemos encontrar vías para avanzar juntos. Por ello, la investigación abordará igualmente cómo el trauma provocado por el Caso de la anticoncepción ha afectado a la sociedad a lo largo de generaciones", escribió el Gobierno groenlandés en un comunicado (fuente en inglés) en 2024.
Ahora está previsto que los resultados se publiquen el viernes.
La nueva investigación es independiente de un anterior informe histórico conjunto de Dinamarca y Groenlandia, publicado en septiembre de 2025, al que siguió una disculpa pública de la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Mientras que aquel trabajo reconstruyó lo ocurrido y cómo se ejecutó el programa de anticoncepción, los nuevos informes analizan cómo deben interpretarse esas prácticas a la luz de los derechos humanos y del derecho internacional.
Qué abordan los informes
Según expertos en derecho, los informes que se publicarán el viernes no fijarán por sí mismos una responsabilidad jurídicamente vinculante.
"Los informes no tendrán efectos jurídicos estrictos. Sin embargo, en función de sus resultados, podrían dar lugar a actuaciones políticas", declaró Sune Klinge, profesor asociado especializado en derecho constitucional en la Universidad de Copenhague, a Euronews Health.
Algunos expertos consideran que el caso difícilmente alcanzará el umbral jurídico para ser calificado de genocidio.
"La Convención sobre el Genocidio de Naciones Unidas, junto con la práctica judicial, será la base jurídica para cualquier determinación de responsabilidad por genocidio. El genocidio se fundamenta en la intención específica del autor de cometer los actos porque no reconoce el derecho del grupo a existir como tal", explicó Frederik Harhoff, experto en derecho internacional en la Universidad del Sur de Dinamarca y exjuez del Tribunal Penal Internacional de la ONU para la ex Yugoslavia, a Euronews Health.
"Por tanto, es poco probable que el informe concluya que hubo un genocidio, y si uno de los dos informes lo hace, estará equivocado", añadió Harhoff.
También señaló que, aunque un informe público puede tener valor indicativo, la responsabilidad penal por genocidio solo puede establecerla un tribunal competente.
Los informes podrían identificar asimismo otras vulneraciones del derecho internacional de los derechos humanos o de los derechos de los pueblos indígenas, que todavía pueden influir en la respuesta política y jurídica al caso.
Su relevancia puede residir en parte en lo que decidan hacer posteriormente con sus conclusiones los gobiernos, las mujeres afectadas y los tribunales.
"Como no puede acreditarse un genocidio por falta de la intención específica requerida, la vulneración de los derechos humanos de las mujeres pasa a ser esencial", añadió Harhoff.
Por qué hay dos informes
En un inicio, Groenlandia nombró a un único grupo de expertos formado por cuatro personas para llevar a cabo la investigación sobre derechos humanos.
Sin embargo, el grupo se dividió posteriormente en dos, debido a lo que el Gobierno ha descrito como "desacuerdos sobre el enfoque profesional (fuente en inglés)", de modo que Groenlandia recibirá finalmente dos informes en lugar de uno.
El Gobierno groenlandés afirmó que ambos informes fueron sometidos posteriormente a una revisión externa de su metodología y de sus estándares académicos.
No ha precisado si el desacuerdo alcanzó las conclusiones de los expertos ni quién redactó cada uno de los dos informes.
Un experto pidió adelantar la publicación de los informes
La fecha de publicación ya ha suscitado críticas, dado que Dinamarca está avanzando con su legislación de compensación antes de que se hagan públicas las evaluaciones.
Los informes estaban ya terminados y se entregaron al Gobierno de Groenlandia en febrero, pero su publicación se retrasó mientras se traducían, se sometían a revisión por pares y se preparaban para su difusión pública.
El Parlamento danés tiene previsto celebrar el jueves la votación final del proyecto de ley de compensación, un día antes de que el Gobierno groenlandés presente los informes.
Con el esquema propuesto, las mujeres que cumplan los requisitos y que fueron sometidas a métodos anticonceptivos sin su consentimiento durante el periodo en que Dinamarca era responsable de la sanidad en Groenlandia tendrían derecho a 300.000 coronas danesas (40.000€).
A comienzos de este mes, uno de los expertos encargados de investigar el caso, Jonas Christoffersen, instó al Gobierno de Groenlandia a publicar los informes antes de que el Parlamento danés ultimara su legislación de compensación, alegando que los legisladores deberían tener acceso a las conclusiones antes de aprobar la ley.
"Es fundamentalmente cuestionable en una democracia que el Parlamento danés apruebe una ley sin conocer los informes que han elaborado personas independientes. El Gobierno de Groenlandia debería, por tanto, publicar inmediatamente los informes, y el Parlamento danés debería ser informado de ellos, de modo que todo el asunto pueda debatirse con pleno conocimiento de causa", escribió Christoffersen en un comunicado (fuente en inglés).
"El caso ha deteriorado la relación entre Dinamarca y Groenlandia y, en mi opinión, es mejor para todos que exista una transparencia total sobre el asunto", añadió.
Harhoff también considera un "error" la decisión del Parlamento de seguir adelante con el proyecto de ley sin esperar a los informes.
Sin embargo, señaló que el esquema de compensación no impediría que las mujeres groenlandesas emprendieran nuevas acciones legales si los informes identifican vulneraciones más amplias de los derechos humanos o una responsabilidad por parte de Dinamarca.
Klinge añadió que los políticos daneses "siempre son libres de modificar las leyes y ampliar el esquema", y destacó que los 300.000 coronas danesas ya se sitúan en la banda alta de las compensaciones concedidas en casos comparables.
A comienzos de este mes, la ministra de Sanidad de Dinamarca, Ida Auken, afirmó que el Gobierno no quería esperar a los informes antes de que el Parlamento aprobara un esquema de compensación para las mujeres groenlandesas afectadas por el caso de la anticoncepción.
"Para nosotros ha sido absolutamente crucial no retrasar nada. Las mujeres han esperado bastante tiempo", declaró Auken a la agencia de noticias local Ritzau.