La Comisión Europea propone un plan que obligará a las empresas a dar información sobre los salarios para acabar con la brecha de género.
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La Comisión Europea ha presentado un plan para obligar a las empresas a ser más transparentes para acabar con la brecha salarial de género. Bruselas quiere que el mismo trabajo equivalga al mismo sueldo. Las medidas obligarán a las empresas de más de 250 trabajadores a publicar información sobre su brecha salarial entre hombres y mujeres. Y todos los trabajadores tendrán derecho a solicitar datos salariales desglosados por género y tipo de trabajo.
Si las empresas no lo cumplen, correrán el riesgo de ser multadas y los trabajadores podrían solicitar una compensación por su discriminación salarial. "Cuanta más transparencia hay, más tranquilidad hay. Para los empleados, y por tanto hay más serenidad en el lugar de trabajo. Y eso significa también unos mejores resultados”, ha explicado en declaraciones a Euronews la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli.
Pero no todos los empresarios están de acuerdo. "Desde nuestro punto de vista, lo que han puesto sobre la mesa hoy no es ni razonable ni proporcionado y por eso nos preocupa mucho. Fundamentalmente han incluido diferentes niveles de requisitos en la misma legislación. Entonces estos requisitos múltiples sobre las empresas crearán una gran carga para los negocios", ha argumentado la directora adjunta de Derechos Sociales de Business Europe, Rebekah Smith.
En la Unión Europea, las mujeres ganaron de media un 14,1% menos por hora que los hombres en 2018. Las diferencias entre Estados miembros van del 1,4% en Luxemburgo al 21,8% en Estonia. En España, las mujeres perciben un 11,9% menos por el mismo trabajo.
Los sindicatos celebran la propuesta de la Comisión pero la ven poco contundente. "Es un poco ingenuo pensar que los empresarios van a arreglar todo esto ellos mismos y se le da demasiado énfasis a pedirle al empresario que proponga soluciones por su cuenta", ha defendido la secretaria general adjunta de ETUC, Esther Lynch.
Ahora la propuesta necesitará la aprobación del Parlamento y del Consejo y tendrá que esperar varios años para que entre en vigor.