Un informe del Parlamento Europeo denuncia que los países acusados de usar el programa espía Pegasus, como Grecia o España, se protegen entre ellos para evitar mayor escrutinio.
PUBLICIDADLa democracia de la UE se está viendo atacada por el aumento del uso de programas espía que violan el derecho a la intimidad, silencian a la oposición y a la prensa libre y protegen a los gobiernos del escrutinio público, ha asegurado un nuevo informe de una comisión del Parlamento Europeo. Varios gobiernos de la Unión Europea han utilizado programas espía, entre ellos Grecia o España.
Una vez instalado en un dispositivo, este tipo de software espía permiten al invasor llevar a cabo una vigilancia en tiempo real, encontrar contraseñas y archivos sensibles, rastrear ubicaciones y plantar pruebas fabricadas. Suele instalarse a través de una aplicación maliciosa o un enlace a un sitio web y deja muy poco rastro para su detección. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, y Predator, una versión menos sofisticada, son las marcas más conocidas en Europa.
El informe, presentado en forma de borrador este martes, acusa a los países de la UE de practicar la "omertà", el código de silencio originalmente vinculado a la mafia italiana, y de cubrirse las espaldas mutuamente para obstaculizar la investigación. "El escándalo de los programas espía no es una serie de casos nacionales aislados de abuso, sino un asunto europeo en toda regla", dice el informe.
Sophie in 't Veld, la eurodiputada holandesa que ha redactado el informe, ha denunciado que su equipo se ha visto obligado a recabar solo la información disponible públicamente por la continua negativa a cooperar de los gobiernos de la UE. El informe "no es completo (sino) un rompecabezas", ha dicho in 't Veld, criticando a los Estados miembros por crear un "área de anarquía" y esconder el tema "bajo la alfombra".
"Entiendo la frustración", ha dicho la política. "Pero si se conectan los puntos, se ve una imagen que es muy difícil negar".
"Mal equipados" para proteger las instituciones
El informe dibuja un panorama sombrío de un continente que se ha convertido en un "lugar atractivo" para el espionaje , pero que sigue estando "mal equipado" para proteger sus instituciones democráticas de las amenazas internas.
El software espía se describe como una "parte integral" de un sistema más amplio que, en algunos casos, conduce a una vigilancia ilegítima basada en justificaciones vagas y descuidos ineficaces, dejando a las víctimas sin poder obtener respuestas. La exención de la seguridad nacional se invoca repetidamente para evitar la rendición de cuentas y mantener el secreto. "El Estado de Derecho se convierte en la ley del gobernante", defiende el texto.
El documento nombra cuatro países de la UE en los que se han utilizado programas espía de forma ilegal contra los ciudadanos -Polonia, Hungría, Grecia y España- y un quinto bajo sospecha: Chipre.
En Polonia y Hungría se han producido decenas de casos de opositores políticos y profesionales de los medios de comunicación que afirman haber sido atacados ilegalmente con el programa espía Pegasus por el Estado.
Grecia se ha visto salpicada por un creciente escándalo de espionaje que indica que los servicios de inteligencia del país infectaron los teléfonos de periodistas, empresarios y políticos con el software Predator, obligando al primer ministro Kyriakos Mitsotakis a pedir disculpas.
En España, se detectaron programas espía en los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros nacionales, a los que se cree que espío Marruecos. Pero el gobierno de Sánchez también ha estado en el punto de mira por el caso conocido como Catalangate, en el que se espió a políticos como el actual president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, o al entorno del expresident Carles Puigdemont, así como abogados y organizaciones de la sociedad civil.
Una industria muy turbia
Pero el informe va más allá de los casos concretos de actividad ilegal y señala a otros Estados miembros por ser cómplices en la construcción de un entorno más amplio que facilita y promueve el uso de programas espía.
El documento acusa a Chipre y Bulgaria de actuar como centros de exportación de programas espía, a Irlanda de ofrecer condiciones fiscales favorables, a Luxemburgo de prestar servicios bancarios a los desarrolladores, a Francia de acoger a los fabricantes, a Malta de ser un destino popular para los líderes del sector e incluso a la República Checa de celebrar una feria anual apodada "Wiretappers Ball".
Sophie in 't Veld ha afirmado que los 27 países de la UE disponen de programas de espionaje - "todos", ha insistido- aunque se nieguen a admitirlo. Los contratos entre actores estatales y empresas como NSO Group son de muy difícil acceso, lo que hace imposible elaborar una lista exacta de clientes.
"La industria del spyware es una industria muy turbia, opaca y escurridiza y con unos estándares éticos muy bajos", ha alertado in 't Veld a los periodistas. "El término 'spyware mercenario' lo resume muy bien".
La legisladora holandés ha dicho que los desarrolladores de programas espía se aprovechan del espacio Schengen, libre de pasaportes, y de la buena reputación de la etiqueta "regulada por la UE" para mover fácilmente sus productos a través del bloque y más allá. In 't Veld ha culpado del empeoramiento de la tendencia a la Comisión Europea por su "débil" y "superficial" aplicación de la legislación de la UE y al Consejo Europeo por proteger a los Estados miembros del escrutinio.
"Cuando se trata de defender lo más importante, la democracia y la libertad, Europa es débil e impotente", ha advertido. "La UE sigue siendo inmadura como democracia".
En respuesta a las críticas, un portavoz de la Comisión ha rechazado las acusaciones de una aplicación débil y ha dicho que cualquier intento de las autoridades nacionales de acceder ilegalmente a los datos de los ciudadanos privados es "inaceptable".
PUBLICIDAD"La seguridad nacional es competencia de los Estados miembros, pero al garantizar la seguridad nacional, los Estados miembros deben aplicar la legislación pertinente de la UE", ha dicho el portavoz, en respuesta a una pregunta de Euronews.
El Consejo de la UE no ha respondido, por ahora, a una petición de comentarios.
Entre sus recomendaciones, el informe pide una moratoria en toda la UE sobre la venta y el uso de programas espía, normas de exportación más estrictas, un nuevo marco jurídico que unifique las diferentes normas entre países y una definición común de seguridad nacional que aclare sus limitaciones prácticas.
También exige que Europol, la agencia policial de la UE, haga un mayor uso de sus competencias para investigar los casos de programas espía que las autoridades nacionales no estén dispuestas a investigar.
El proyecto de informe presentado el martes es el resultado de meses de investigación y de viajes a Polonia, Chipre y Grecia, con una visita a Hungría prevista en un futuro próximo.
PUBLICIDADEl documento será debatido por los eurodiputados que forman parte de la comisión especial PEGA, creada a principios de este año para examinar los casos de software espía y que expira en marzo de 2023, a menos que se prorrogue su mandato.
Dada la sensibilidad del tema en cuestión, se espera que el informe sea objeto de múltiples enmiendas. "Esta comisión está extremadamente politizada", ha dicho in 't Veld. "En ocasiones, se nota la presencia de los gobiernos nacionales en nuestros debates".