ONG piden a la Comisión Europea que no mire hacia otro lado ante las vulneraciones de derechos humanos en las fronteras de la UE.
PUBLICIDADLas expulsiones de inmigrantes se han convertido en algo sistemático en las fronteras europeas. Y estas acciones vienen, con demasiada frecuencia, acompañadas de actos de violencia, tortura y humillación.
Estas son las dramáticas conclusiones de los testimonios recopilados por la Red de Seguimiento de la Violencia en las Fronteras para su segunda edición de su "Libro Negro de las Devoluciones en Caliente". "En las fronteras de la UE, hemos visto un aumento de prácticas similares a la tortura, lo que incluye incidentes como una agresión sexual a una persona a la que se viola con una rama de árbol. También hemos visto un mayor uso de armas de descarga eléctrica, personas a las que se les afeita el pelo o se les afeitan cruces en la cabeza y otras formas de violencia por motivos religiosos. Hemos visto como surgian una serie de nuevas tácticas de este tipo en los últimos años", ha explicado Hope Barker, coautora del Libro Negro de las Devoluciones en Caliente.
Según los autores del estudio, la Comisión Europea hace la vista gorda ante estas violaciones de derechos. Aunque la migración es competencia de los países, los eurodiputados insisten en que se trata de un problema europeo y piden a la Comisión que abra un expediente de infracción a los países implicados. "Tenemos un reglamento sobre Frontex (la agencia europea de fronteras) y tenemos el artículo 49 para interrumpirlo. Tenemos reglamentos sobre procedimientos de asilo, no sólo en el Parlamento, también son responsables de Estados miembros. Así que estas son las normas y por eso la Comisión tiene que actuar", ha explicado la eurodiputada de La Izquierda, Cornelia Ernst.
El estudio ha recopilado más de 1.600 testimonios de expulsiones ilegales en 15 países, entre ellos Grecia, Croacia, Hungría, Bulgaria y Rumanía, durante los últimos 6 años.
El informe también ha acusado a las autoridades nacionales de ignorar las pruebas de violaciones de derechos humanos registradas por las ONG y de no iniciar investigaciones ni exigir responsabilidades individuales.