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El Parlamento Europeo debatirá la próxima semana la nueva ley de amnistía de España por temor a que afecte al Estado de derecho

Manifestantes sostienen banderas españolas antes de participar en una protesta organizada por la Sociedad Civil Catalana en Barcelona, España, el domingo 8 de octubre de 2023.
Manifestantes sostienen banderas españolas antes de participar en una protesta organizada por la Sociedad Civil Catalana en Barcelona, España, el domingo 8 de octubre de 2023. Derechos de autor Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Derechos de autor Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Por Mared Gwyn Jones
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

El Parlamento Europeo celebrará la próxima semana un debate sobre el polémico acuerdo de amnistía alcanzado entre los socialistas españoles y los independentistas catalanes para convertir a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno.

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El Partido Popular Europeo, el grupo más numeroso del Parlamento, ha sido quien ha pedido el debate en medio de la preocupación por lo que describe como "el principio del fin del Estado de derecho" en España.

En una declaración conjunta, el presidente del PPE, Manfred Weber, y la jefa de su delegación española, Dolors Montserrat, han afirmado que el "pacto de amnistía corre el riesgo de vulnerar la separación de poderes y socavar la independencia judicial", haciéndose eco de las preocupaciones expresadas en los últimos días por el Consejo General del Poder Judicial.

Es probable que el PPE consiga el apoyo de otros grupos de centro y derecha antes de que el debate pueda incluirse formalmente en el orden del día de la sesión plenaria de la próxima semana.

El acuerdo de los socialistas españoles, anunciado en Bruselas el pasado jueves tras semanas de intensas negociaciones, supondrá que el partido independentista catalán Junts per Catalunya (JxCat) ofrezca siete de sus votos para respaldar un gobierno liderado por Sánchez a cambio de una futura amnistía para los políticos y activistas catalanes que participaron tanto en el referéndum de 2017 como en eventos anteriores y posteriores relacionados con el Procés.

El pacto ha suscitado duras críticas de los partidos de la oposición, que acusan a Sánchez de socavar el Estado de derecho al absolver delitos como malversación y mala administración para obtener beneficios políticos. Decenas de miles de manifestantes salieron a la calle en España el fin de semana para protestar contra ello.

El PSOE presentó el lunes el proyecto de ley de amnistía ante el Congreso de los Diputados, antes de la votación de investidura de Sánchez, prevista para el miércoles y el jueves de esta semana (15 y 16 de noviembre).

Un borrador del proyecto de ley compartido por eldiario.es el lunes sugiere que el polémico concepto de "lawfare", incluido en el acuerdo político con JxCat en una importante concesión a Puigdemont, no figurará en el texto legal del proyecto de ley de amnistía.

Una veintena de eurodiputados españoles de derechas y de centro también han escrito este el lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para denunciar el acuerdo por atentar contra el principio de igualdad ante la ley y pedir a las instituciones comunitarias que "vigilen y sigan" la situación en España.

"La Unión Europea debe salvaguardar sus principios y valores fundamentales y tomar medidas para proteger el Estado de derecho", de acuerdo con los tratados de la Unión, dice también la carta.

Los eurodiputados afirman que, como consecuencia de la amnistía, se suprimirían procedimientos judiciales y sanciones contra 3.000 personas, incluso por delitos relacionados con la corrupción y el terrorismo.

En un duro golpe para Sánchez, el principal diplomático de la UE, Josep Borrell, ha sugerido este lunes que se oponía al acuerdo de amnistía.

Borrell es socialista catalán y aliado de Sánchez que fue un crítico declarado del intento de secesión de España en 2017. "Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política anterior pueden imaginar lo que pienso", ha asegurado.

"Dado que no he visto la ley de amnistía en su detalle, no puedo decir nada al respecto", ha añadido.

"Pero ya conozco los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas, y esos acuerdos ciertamente causan una preocupación, o varias preocupaciones, porque es un problema complejo y difícil sobre el que en su momento, no ahora, expresaré mi opinión."

El "lawfare", a examen

El debate solicitado por el PPE en el Parlamento Europeo se centrará probablemente en la cláusula del acuerdo político que hace referencia al "lawfare" -el uso estratégico de la ley como instrumento para atacar a los oponentes políticos- incluida a petición del líder de JxCat, Carles Puigdemont, que huyó exiliado a Bélgica tras el fallido referéndum de 2017.

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Según el acuerdo, se crearían comisiones parlamentarias específicamente para investigar si alguna de las condenas judiciales dictadas en relación con el intento de secesión de 2017 podría considerarse un intento de "lawfare".

Pero los borradores filtrados del proyecto de ley de amnistía compartidos por los medios españoles el lunes sugieren que el término no aparecerá en el texto legal, como afirmó previamente Jaume Asens, el negociador en nombre del socio de coalición de los socialistas, Sumar.

La inclusión de "lawfare" en el acuerdo político ha sido, no obstante, el centro de las críticas de analistas y juristas, que afirman que permitiría someter las decisiones judiciales a interpretaciones políticas, lo que socavaría significativamente la independencia del poder judicial.

"Como han denunciado las asociaciones de jueces y fiscales, se trata nada menos que de una grave amenaza para la independencia judicial en España", ha asegurado el grupo del PPE en X. "Ya hemos visto esto antes en Polonia y esperamos que la Comisión Europea deje claro de inmediato que, por ejemplo, las disposiciones sobre la justicia son totalmente inaceptables", ha apuntado también el grupo.

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En su carta a von der Leyen, 20 eurodiputados han afirmado que todas las asociaciones judiciales españolas, "desde las más progresistas a las más conservadoras", han rechazado la referencia al lawfare en una declaración conjunta.

La Comisión Europea se ha abstenido de comentar el acuerdo hasta que esté disponible el texto legal del proyecto de ley de amnistía.

Una carta enviada la semana pasada por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, al Gobierno de España solicitaba "información más detallada, en particular por lo que se refiere al alcance personal, material y temporal de esta ley prevista".

En respuesta, el ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo que el proyecto de ley de amnistía era una propuesta de los grupos parlamentarios, y que la actual situación de interinidad del Gobierno le impedía presentar proyectos de ley al Parlamento.

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Pero con la investidura prevista para esta semana y el proyecto de ley registrado el lunes, las instituciones de la UE se verán sometidas a una presión cada vez mayor para que se pronuncien sobre el acuerdo.

En el pasado, el bloque ha adoptado una postura firme ante leyes que se consideraba que socavaban el Estado de derecho y la independencia del poder judicial en países como Polonia.

"Contamos con las instituciones europeas como espacio de democracia y libertad para frenar este pacto, que rompe el Estado de derecho y la igualdad de los ciudadanos en España, como ya han hecho antes en otros países", ha dicho el PPE.

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