No existe una definición común del delito de violación en la primera ley de la Unión Europea para combatir la violencia contra las mujeres tras la negativa de varios países miembros.
PUBLICIDADEl borrador original de la primera ley europea contra la violencia de género, presentada por la Comisión Europea en marzo de 2022, definía el delito de violación como "relaciones sexuales no consentidas", sin necesidad de que las víctimas aportaran pruebas de fuerza, amenazas o coacción.
Se basaba, por tanto, en el concepto de "sólo sí es sí" que ya se ha aplicado en varios Estados miembros en medio de una plaga de delitos sexuales contra mujeres y niñas.
Pero tras meses de negociaciones, 14 Estados miembros siguieron bloqueando la definición basada en el consentimiento. Entre ellos, Bulgaria, Hungría y la República Checa, así como Francia, Alemania y los Países Bajos, considerados entre las naciones más progresistas del bloque.
Asuntos pendientes
El martes, desde Estrasburgo, la eurodiputada irlandesa Frances Fitzgerald, una de las principales negociadoras de la Eurocámara, afirmó que el bloque tiene "asuntos pendientes" para proteger a las mujeres de la violencia.
"Muchos de nosotros nos habríamos hecho una idea bastante inquietante de las actitudes ante la violación en los Estados miembros cuando no pudimos incluir en esta directiva una definición de violación basada en el consentimiento", explicó Fitzgerald tras las negociaciones.
"Es una gran decepcióndada la magnitud de las estadísticas de violencia en toda la Unión", añadió.
Alrededor del 5% de las mujeres de la UE han sido violadas después de cumplir los 15 años, según estimaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales del bloque.
Lejos de la ambición original
Fitzgerald reconoció que se habían producido "movimientos" en algunas capitales, ya que 11 países decidieron sumarse a la definición basada en el consentimiento durante las negociaciones.
En una concesión de última hora, se incluyó una cláusula de revisión para reconsiderar el alcance del proyecto de ley tras cinco años de aplicación. También se añadió un artículo, en las horas previas al acuerdo final, que obliga a los Estados miembros a "sensibilizar" el consentimiento sexual y promover una "cultura basada en el consentimiento".
Pero esto está muy lejos de la ambición original de la Comisión de penalizar las relaciones sexuales no consentidas en todo el bloque.
El proyecto de ley final sí penaliza otras formas de violencia contra la mujer, como el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina. También colma las lagunas jurídicas existentes en algunos países de la UE en materia de ciberviolencia, incluidos el acoso y el hostigamiento en línea.
El envío de imágenes de desnudos a través de Internet sin el consentimiento del receptor, y el intercambio no consentido de imágenes íntimas, también conocido como pornovenganza, pasarán a ser delitos en toda la UE.
Las normas se aplicarán también al intercambio de imágenes pornográficas generadas por inteligencia artificial. Esto se produce después de que la cantante Taylor Swift fuera víctima de un "deepfake" de desnudos, y en medio de inquietantes informes según los cuales las imágenes explícitas generadas por IA y enviadas entre los menores están aumentando.
La definición de violación divide a Europa
Francia y Alemania han sido criticadas por bloquear la definición de la violación como delito en toda la UE, ya que el apoyo de cualquiera de los dos países habría bastado para aprobar la definición basada en el consentimiento.
Este punto ha sido excluido a pesar de que la inmensa mayoría de los Estados miembros son parte en el Convenio de Estambul, que establece la ausencia de consentimiento como definición de violación.
"Debo decir que me decepciona que algunos de esos Estados miembros sean los que ratificaron el convenio de Estambul, está más allá de mi comprensión", dijo la eurodiputada sueca Evin Incir, una de las negociadoras principales de la directiva.
La reticencia del presidente francés, Emmanuel Macron, a respaldar la medida ha desatado la polémica en Francia. Macron prometió cumplir con los derechos de las mujeres en su segundo mandato, pero ha sido criticado tras defender el derecho del actor francés Gérard Depardieu a la presunción de inocencia después de ser acusado de agresión sexual.
Un portavoz del Gobierno francés declaró a Euronews que su posición se basaba en motivos puramente jurídicos, dado que el derecho penal es competencia de los Estados miembros y que, por tanto, la violación debe perseguirse a nivel nacional.
PUBLICIDADFrancia tiene algunas de las sentencias más estrictas por agresión sexual de todos los Estados miembros, añadió el portavoz, así como criterios "generosos y flexibles" para que una agresión sexual se considere violación.
¿Una cuestión de competencias?
Los principales negociadores del Parlamento europeo reconocieron que la competencia legal era un factor crucial en la resistencia de algunos Estados, y añadieron que el sentimiento euroescéptico y la reacción contra el deseo de Bruselas de imponer una legislación habían influido en la dinámica de las conversaciones.
Aun así, la eurodiputada Incir hizo un llamamiento al presidente Macron para que "al menos dé un paso adelante a favor de una definición de violación basada en el consentimiento a nivel nacional", al tiempo que pidió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que modificase las leyes italianas sobre violación basadas en el concepto de "solo sí es sí", dado que su Gobierno está a favor de la definición para toda la UE.
Irene Rosales, responsable de políticas y campañas del Lobby Europeo de Mujeres, lamentó "profundamente" la "indignante decisión de Francia y Alemania de suprimir el artículo 5 sobre la definición de violación basada en el consentimiento según las normas del Convenio de Estambul".
"Es completamente hipócrita y una terrible oportunidad perdida para proteger a mujeres y niñas de una de las formas más atroces de violencia", afirmó.
PUBLICIDADEl texto surgido de las negociaciones del martes aún debe ser adoptado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de entrar en vigor.