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Luz verde de los países de la UE a la ley para una cadena de suministro más justa

La directiva de Diligencia Debida ha recibido el visto bueno de los embajadores.
La directiva de Diligencia Debida ha recibido el visto bueno de los embajadores. Derechos de autor AP Photo
Derechos de autor AP Photo
Por Jack Schickler
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Tras semanas de incertidumbre, la ley europea para conseguir una cadena de suministro que respete los derechos humanos y medioambientales tanto dentro como fuera del bloque puede ser una realidad.

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Los Estados miembros de la UE votaron este viernes a favor de una nueva e histórica ley que obliga a las empresas a comprobar si sus cadenas de suministro siguen prácticas medioambientales y laborales deshonestas.

En diciembre, los eurodiputados y los gobiernos llegaron a un principio de acuerdo sobre la Directiva relativa a la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresa. Pero su futuro quedó en entredicho tras las dudas de última hora de Alemania e Italia. Ahora parece probable que finalmente las medidas se conviertan en ley, después de que Italia cediera ante una versión menos ambiciosa de la legislación en uno de los encuentros periódicos de los diplomáticos que representan a los países de la UE en Bruselas.

Activistas medioambientales y sociales como Oxfam y Amnistía Internacional afirman que las normas impedirán que las empresas obtengan beneficios del sufrimiento humano. La Comisión Europea también ha declarado que evitará que las empresas tengan que navegar por múltiples normas nacionales, potencialmente incompatibles, dentro del mercado único de la UE.

Bélgica, que ostenta la presidencia semestral Consejo de la UE, se ha esforzado en las últimas semanas en disipar las preocupaciones nacionales por la excesiva burocracia, triplicando un umbral para que las normas sólo se apliquen a las empresas con más de 450 millones de euros de facturación mundial en su intento más reciente de superar un el bloqueo.

Una economía más comprometida con la sostenibilidad en Europa

El último borrador eliminó las disposiciones sobre responsabilidad civil que permitirían a los sindicatos demandar a las empresas incumplidoras, una medida controvertida a la que se oponían países como Finlandia. La normativa aún debe ser votada por los eurodiputados, y abril es la última oportunidad para que lo hagan antes de las elecciones de junio.

El respaldo del Consejo es una "victoria en la lucha por responsabilizar a las empresas de las personas y el medio ambiente", declaró en un comunicado la negociadora parlamentaria Lara Wolters (Países Bajos, Socialistas y Demócratas). "Ya es hora de dar un gran paso hacia una economía del futuro más justa".

Pero otros no están tan convencidos, incluso en el mayor grupo político del Parlamento. El martes, Angelika Niebler (Alemania/Partido Popular Europeo) argumentó que la propuesta, a pesar de haber sido suavizada, seguirían afectando indirectamente a las empresas más pequeñas y podrían animar a algunas a abandonar el mundo en desarrollo.

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