Algo más de uno de cada cuatro adultos de la UE padece algún tipo de discapacidad. En comparación con el resto de la población, se enfrentan a problemas financieros en un grado desproporcionado.
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Alrededor del 25,5% de los ciudadanos de la UE mayores de 16 años con discapacidad tendrán dificultades para llegar a fin de mes en 2024. Ese porcentaje se redujo al 16,2 % en el caso de las personas sin discapacidad.
Según Eurostat, Grecia y Bulgaria fueron los dos países de la UE con mayor porcentaje de personas con discapacidad de hogares que declararon sufrir dificultades económicas. Por el contrario, Luxemburgo (10,5%), Finlandia (11,2%), Países Bajos (12%) y Suecia (16,5%) registraron los porcentajes más bajos.
Se calcula que uno de cada cuatro adultos de la Unión Europea tiene algún tipo de discapacidad. Por término medio, esto se aplica al 29,2% del total de la población femenina, frente al 24,3% del total de la población masculina.
Las dificultades económicas van más allá de los gastos diarios
Las dificultades económicas también pueden afectar a las oportunidades de ocio y descanso. Más del 40% de las personas con discapacidad de la UE no podían permitirse una semana de vacaciones al año, frente al 24,2% de las personas sin discapacidad.
Este problema era notablemente más significativo entre las personas con discapacidad de los países situados al este de la UE, con Rumanía (73,5%), Bulgaria (70%) y Hungría (64,7%) ocupando los primeros puestos. Luxemburgo (16,6%) y Finlandia (18,7%) tenían las cifras más bajas del bloque.
Compromiso de la UE con los derechos de los discapacitados
A principios de este mes, la Unión Europea reforzó su compromiso de garantizar la movilidad transfronteriza de las personas con discapacidad mediante la adopción formal de la tarjeta de discapacidad de la UE.
Esta tarjeta garantizará la igualdad de acceso a ventajas como tarifas reducidas, uso garantizado de plazas de aparcamiento y acceso prioritario a todos los servicios públicos y privados de Europa.
Aunque se considera un paso positivo, el calendario de aplicación de la tarjeta de discapacidad de la UE ha suscitado críticas. Los Estados miembros tendrán 30 meses para adaptarse y 12 meses más para aplicar las nuevas normas, lo que significa que la política tardará casi tres años y medio en entrar plenamente en vigor.