Los diputados del Parlamento Europeo gozan de inmunidad parlamentaria, pero eso no significa que sean completamente invulnerables a los procedimientos judiciales.
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En los últimos dos años, algunos miembros del Parlamento Europeo han sido sometidos a un escrutinio cada vez más intenso por presunta mala conducta. Los investigadores húngaros están investigando las acusaciones de que la eurodiputada italiana Ilaria Salis atacó a militantes de extrema derecha, por ejemplo, mientras que varios eurodiputados y funcionarios parlamentarios están bajo la lupa por su presunta implicación en el llamado escándalo de corrupción Qatargate.
También abundan las acusaciones de que varios eurodiputados recibieron dinero en efectivo de una red respaldada por el Kremlin para difundir propaganda rusa en Europa en el marco de la investigación del Rusiagate.
Sin embargo, antes de iniciar cualquier procedimiento judicial contra los eurodiputados, las autoridades investigadoras deben superar el obstáculo de la inmunidad parlamentaria. Gracias a este privilegio, los eurodiputados no pueden ser objeto de ningún tipo de investigación, detención o procedimiento judicial por las opiniones expresadas o los votos emitidos en calidad de eurodiputados.
En teoría, la inmunidad parlamentaria contribuye a frenar cualquier uso no autorizado del poder por parte del poder judicial, mantiene la responsabilidad judicial y promueve la democracia. En el caso de los eurodiputados, funciona tanto en su propio Estado miembro, de forma similar a la inmunidad concedida a los diputados nacionales, como en otros países de la UE.
Sin embargo, esto no quiere decir que los eurodiputados sean completamente inmunes a cualquier tipo de proceso judicial. Según el Parlamento Europeo, un eurodiputado no puede acogerse a la inmunidad cuando es sorprendido cometiendo un delito y, por supuesto, la inmunidad puede ser levantada.
¿Cómo funciona el proceso de suspensión de la inmunidad?
Para suspender la inmunidad de un eurodiputado, una autoridad nacional debe presentar primero un suplicatorio al Parlamento Europeo. La presidencia del Parlamento anuncia el suplicatorio al Pleno y lo remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI). A continuación, la comisión investiga pidiendo toda la información o explicación que considere necesaria, según el Parlamento Europeo. El eurodiputado en cuestión tendrá la oportunidad de ser oído y podrá presentar cualquier documento u otra prueba escrita.
No hay un calendario predefinido para este proceso confidencial, ya que cada caso es individual con sus propias características. Tras la investigación, la JURI emite una recomendación sobre si aprueba o rechaza el suplicatorio de suspensión de la inmunidad del eurodiputado, que el Parlamento Europeo somete a votación.
Posteriormente, la presidencia informa del resultado tanto al eurodiputado como a la autoridad que presentó el suplicatorio en primer lugar. Si se suspende la inmunidad del eurodiputado, puede iniciarse el procedimiento judicial.
Aunque se suspenda la inmunidad, el eurodiputado conservará su escaño: el Parlamento Europeo subraya que la suspensión de la inmunidad no constituye un veredicto de culpabilidad, sino que permite a las autoridades nacionales seguir adelante con el procedimiento judicial. Si el eurodiputado es posteriormente condenado, corresponde a su Estado miembro decidir si se anula su mandato.