La Comisión Europea teme desde hace tiempo que las familias extensas de los europeos que viven en el Reino Unido no estén recibiendo lo que se les prometió, y el tiempo se agota para abordar los problemas legales en el marco del acuerdo del Brexit.
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La Comisión Europea ha llevado este lunes al Reino Unido ante los tribunales por no conceder a los ciudadanos de la UE todos los derechos prometidos en el acuerdo de Brexit de 2019. Unos tres millones de ciudadanos de la UE vivían en el Reino Unido en el momento de su salida del bloque, y la Comisión dice que Londres no está cumpliendo su promesa de que puedan seguir viviendo allí en las mismas condiciones.
"Hubo varias deficiencias en la aplicación por el Reino Unido del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que siguen afectando a los ciudadanos europeos en virtud del Acuerdo de Retirada", dijo el Ejecutivo europeo en una declaración el lunes, citando el derecho de los trabajadores a circular y residir libremente en otros condados.
La Comisión "decidió llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia (de la UE)", añadió. Los jueces luxemburgueses recibieron la jurisdicción sobre los litigios en virtud de un acuerdo firmado por el entonces primer ministro Boris Johnson.
En las conversaciones sobre el Brexit, la UE expuso como una de sus principales prioridades los europeos que ya vivían en el Reino Unido, junto con el pago por el Reino Unido de su factura presupuestaria a Bruselas y la salvaguardia de una frontera terrestre abierta con Irlanda.
Las normas británicas son "insuficientes", según Bruselas
A la Comisión le preocupa que las normas británicas sean insuficientes, y en julio afirmó que los niños bajo tutela legal y otros miembros de las familias extensas de ciudadanos de la UE no gozaban de los derechos que les corresponden. El recurso a Luxemburgo, junto con un caso paralelo que la Comisión presentó contra el Reino Unido en relación con los tratados de inversión con miembros individuales de la UE, está ahora en la recta final.
El acuerdo de retirada incluía un periodo transitorio de 11 meses en el que la legislación de la UE seguía aplicándose al Reino Unido, y la Comisión disponía entonces de un plazo de cuatro años para remitir casos a los tribunales, un periodo que expira dentro de unas semanas, el 31 de diciembre de 2024.
Los jueces de mayor rango de la UE tendrán entonces que pronunciarse sobre la cuestión, un proceso que en la práctica puede llevar meses, si no años. El nuevo primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, exjurista internacional especializado en derechos humanos, ha prometido reajustar lo que describe como un acuerdo de Brexit chapucero, destacando los problemas actuales con los músicos de gira y el comercio de productos alimenticios.
Un portavoz del Ministerio del Interior británico no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.