El caso podría remodelar el funcionamiento de Frontex si el tribunal dictamina que la agencia de fronteras de la UE no vigiló el cumplimiento de los derechos humanos.
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Una familia siria quiere responsabilizar a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) de las supuestas violaciones de los derechos humanos y expulsiones ilegales. Si la decisión del Tribunal de Justicia de la UE confirma sus demandas, podría cambiar el funcionamiento de la agencia.
Este caso histórico contra Frontex llegó el martes a la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE. El Tribunal Europeo de Luxemburgo escuchó los argumentos sobre el papel de Frontex en las expulsiones ilegales. Los abogados del bufete de derechos humanos Prakken d'Oliveira llevan el caso, que cuenta con el apoyo del Consejo Neerlandés para los Refugiados, entre otros.
"El caso es crítico porque es el primero en el que la cuestión de si Frontex puede ser considerada responsable de violaciones de los derechos humanos en las fronteras está en el centro del caso. Por lo tanto, la decisión del tribunal tendrá un gran impacto en la práctica de Frontex y en cómo se comporta en las fronteras europeas", explica la abogada Lisa-Marie Komp a 'Euronews'.
"La familia siria pide que se responsabilice a Turquía porque el vuelo en el que regresaron ilegalmente de Grecia a Turquía fue una operación conjunta entre Grecia y Frontex y en el mandato de Frontex. Establece muy claramente que Frontex debe vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Y los demandantes alegan que si Frontex no controla el cumplimiento de los derechos fundamentales, entonces Frontex debe ser considerada responsable por no cumplir con su deber", señala.
Detenidos, devueltos y obligados a huir de nuevo
A finales de 2016, la familia siria llegó a Grecia, donde se registró su solicitud de asilo. Sin embargo, solo 11 días después, Frontex y las autoridades griegas los embarcaron a la fuerza en un vuelo con destino a Turquía, sin tramitar su solicitud de asilo ni emitir una decisión de devolución.
Los padres fueron separados de sus cuatro hijos pequeños durante el vuelo, mientras el personal de Frontex se encontraba en el lugar. También se les prohibió hablar con nadie durante todo el viaje. A su llegada a Turquía, la familia fue inmediatamente detenida. Como consecuencia de este traslado, sus abogados afirman que fueron víctimas de una devolución ilegal, una práctica ilícita en la que se expulsa por la fuerza a personas sin el debido proceso, privándolas de su derecho fundamental a buscar y solicitar asilo.
Tras su liberación, la familia, temiendo una nueva expulsión a Siria, huyó al norte de Irak. La demanda contra Frontex se presentó a finales de 2021. Según los abogados, la agencia también violó el principio fundamental de no devolución, que prohíbe devolver a nadie a un país donde sufra persecución o corra el riesgo de sufrir un trato inhumano.
Tanto el derecho a solicitar asilo como el principio de no devolución son obligaciones jurídicas vinculantes en virtud de la legislación de la UE, consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Además, al separar a los niños de sus padres durante el vuelo, Frontex también vulneró los derechos de los menores, alegan sus representantes.
Las obligaciones de control e información, a examen
El caso aborda una cuestión crucial: ¿Es responsable la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas por su papel en las expulsiones ilegales? ¿Se emplea sistemáticamente esta práctica en las fronteras exteriores de la UE?
"La decisión del tribunal tendrá un impacto importante en el funcionamiento de Frontex especialmente. Así que, por supuesto, si el tribunal confirma que Frontex es responsable de no garantizar la protección de los derechos fundamentales, entonces la agencia debe asegurarse de que en sus operaciones realmente garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales", explica la abogada.
"Incluso si el tribunal decidiera que Frontex no puede ser considerada responsable, esto enviaría una señal significativa al ámbito político, donde a menudo se argumenta que la presencia de Frontex es necesaria como una forma de supervisión de los derechos humanos. Este argumento, por supuesto, ya no es válido si el tribunal no confirma que Frontex tiene responsabilidad por violaciones de derechos fundamentales", dijo.
El resultado podría tener consecuencias de gran alcance para Frontex y otras instituciones de la UE, al afectar a sus obligaciones de supervisión e información y a su responsabilidad de tomar medidas significativas contra las violaciones de los derechos humanos.
El caso se desarrolla en el contexto de las persistentes expulsiones a gran escala a lo largo de las fronteras exteriores de la UE, una práctica empleada sistemáticamente por los Estados miembros europeos para impedir que los solicitantes de asilo entren en Europa. Frontex es responsable de salvaguardar los derechos humanos, y este caso cuestiona directamente si se está cumpliendo con esa responsabilidad.
"A través de este caso, la familia siria y las organizaciones que la apoyan pretenden transmitir un mensaje claro: ninguna institución de la UE está por encima de la ley. La decisión de la Gran Sala de conocer del caso afirma que el sistema jurídico europeo está preparado para examinar el papel y la responsabilidad de Frontex, reforzando los valores de justicia y derechos humanos de la UE", afirma Lisa-Marie Komp.
"La familia siria espera con impaciencia la sentencia porque, para la familia, debe reconocerse que Frontex actuó ilegalmente y no protegió sus derechos fundamentales, por lo que no estuvo a la altura del papel que tiene asignado", añade la abogada.
Frontex señala las responsabilidades de los Estados miembros
'Euronews' se puso en contacto con el portavoz de Frontex para conocer su reacción. El portavoz no quiso hablar de los detalles del caso porque aún está en curso, pero insistió en que es responsabilidad de los Estados miembros.
"Frontex se dedica a defender los derechos fundamentales en todas sus actividades. Con este fin, hemos puesto en marcha varias salvaguardias, entre ellas la supervisión de las devoluciones por parte de los observadores de derechos fundamentales de Frontex, un mecanismo de quejas, y se han adaptado los procedimientos de notificación de incidentes graves para responder mejor a los retos operativos en constante cambio", dijo Krzysztof Borowski.
"Frontex exige a los Estados miembros que confirmen explícitamente que las personas, para cuyo retorno se solicita el apoyo de la agencia, han recibido decisiones individuales de retorno ejecutorias y se les ha concedido la oportunidad de solicitar protección internacional. Y, en caso de que hayan hecho uso de esta oportunidad, su solicitud ha sido debidamente tramitada y concluida de conformidad con la legislación aplicable de la UE y los principios internacionales", añadió.
"En la mayoría de los vuelos organizados por Frontex, hay monitores de derechos fundamentales a bordo para observar toda la operación. Frontex también colabora estrechamente con la Oficina de Derechos Fundamentales para intervenir en casos de posibles violaciones de derechos y prevenir proactivamente que surjan estos problemas en primer lugar", concluyó.