El plan de la UE de externalizar la migración a través de los llamados "centros de retorno", algo que nunca se ha intentado antes a nivel europeo, está envuelto en incertidumbre jurídica.
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La novedosa idea de la Unión Europea de construir "centros de retorno" fuera de sus fronteras para albergar a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido denegadas sigue alimentando inquietudes y dudas sobre su viabilidad legal y logística y el potencial impacto en los derechos humanos.
Se espera que el proyecto sin precedentes, conocido eufemísticamente como "centros de retorno", se incluya en una propuesta legislativa que la Comisión Europea presentará en algún momento antes de la próxima cumbre de líderes en marzo. Será el primer resultado del impulso político para trabajar en "nuevas formas" de gestionar la inmigración irregular, un concepto vago que se asocia más comúnmente con los esquemas de subcontratación.
El foco principal está ahora en los retornos: la deportación de solicitantes de asilo que han llegado al bloque, han agotado todas sus vías legales para solicitar protección internacional y, por lo tanto, se les pide que abandonen el territorio. La UE ha luchado durante años con una baja tasa de deportaciones y ve los centros lejanos como una "solución innovadora" que vale la pena probar.
Durante una reunión informal de ministros del Interior la semana pasada, Magnus Brunner, el comisario europeo de Migración, propuso "normas más estrictas sobre detención" y la "posibilidad de desarrollar centros de retorno", según las actas vistas en exclusiva por 'Euronews'. Sin embargo, el plan no probado está plagado de altos riesgos.
Las ONGs advierten a la Comisión sobre las consecuencias
En un documento publicado el jueves, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) emitió una advertencia directa a la Comisión, insistiendo en que cualquier proyecto para establecer "centros de retorno" debe venir con fuertes salvaguardas para garantizar un trato legal y digno.
El hecho de que los campamentos se construyan fuera del bloque no exime el cumplimiento de la ley de la UE, dice la agencia, ya que los Estados miembros y Frontex seguirían siendo "responsables de las violaciones de derechos en los centros y durante cualquier transferencia".
FRA sugiere que el bloque debería firmar un "acuerdo jurídicamente vinculante" con el país anfitrión que establecería "estándares mínimos para las condiciones y el trato" de los inmigrantes reubicados e introduciría un "deber" de mitigar las violaciones de los derechos fundamentales. Hasta el momento, Bruselas no ha dado ninguna indicación sobre dónde se construirán los centros.
Según la agencia, los inmigrantes enviados a los centros deben tener una "decisión válida y ejecutable" basada en una "evaluación individual" de sus solicitudes de asilo y nunca ser objeto de expulsiones colectivas, que son ilegales según el derecho internacional. Las personas vulnerables y los niños deben quedar excluidos del plan.
"Mientras la UE y los Estados miembros intentan encontrar soluciones para gestionar la migración, no deben olvidarse de sus obligaciones de proteger las vidas de las personas y sus derechos", dijo Sirpa Rautio, directora de la agencia, en un comunicado.
"Los centros de retorno planificados no pueden convertirse en zonas sin derechos. Solo cumplirían con la legislación de la UE si incluyen garantías sólidas y efectivas de los derechos fundamentales". Cómo cuadrar el círculo entre la externalización y la legalidad aún está sin resolver.
En 2018, la Comisión concluyó que estos centros serían "ilegales"
En un documento de 2018, la Comisión concluyó que los "centros de retorno ubicados en el exterior" serían ilegales porque la legislación de la UE impide enviar a los inmigrantes "contra su voluntad" a un país del que no provienen o por el que no han pasado. Se espera que la próxima legislación cambie la base legal para permitir la reubicación y sostener los desafíos legales.
Las organizaciones humanitarias temen que la expulsión fuera del territorio de la UE reduzca la supervisión judicial y conduzca a violaciones desenfrenadas y sin control de los derechos humanos. A principios de esta semana, el comisario Brunner se reunió con un grupo de ONGs para discutir la nueva directiva de retorno. "Sus ideas son clave para dar forma a una política migratoria justa y efectiva. Espero continuar y profundizar nuestro diálogo", dijo en las redes sociales.
Uno de los participantes, la Plataforma para Migrantes Indocumentados (PICUM), expresó serias preocupaciones sobre el plan de la Comisión para acelerar las deportaciones, advirtiendo que la ley corre el riesgo de ser "aprobada apresuradamente bajo presión política".
La idea de construir centros de deportación fuera del bloque, según PICUM, tiene el potencial de aumentar la "detención arbitraria automática" de los solicitantes de asilo y violar el principio de no devolución, que prohíbe a las autoridades deportar a los inmigrantes a países donde podrían enfrentar persecución, tortura o cualquier otra forma de maltrato.
Otra participante, Eve Geddie, de Amnistía Internacional, expresó preocupaciones similares y agregó costos económicos, falta de transparencia y desafíos operativos a la lista. "No hay evidencia que sugiera que estos planes serían efectivos para aumentar los retornos o impactar en la toma de decisiones de las personas de no migrar", dijo Geddie. "Ninguna".