El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al decreto ley diseñado para mitigar las consecuencias de los aranceles impuestos por la Administración de Estados Unidos.
PUBLICIDAD
La votación concluyó con la convalidación del decreto, aunque marcada por la abstención de Podemos y el voto en contra de PP y Vox, quienes consideran la medida "insuficiente" y un mero "parche" que no aborda de manera integral los desafíos que estos gravámenes representan para empresas y trabajadores.
A pesar de las discrepancias, el debate parlamentario se caracterizó por un tono más dialogante de lo habitual, destacando la disposición al diálogo del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. El plan aprobado moviliza inicialmente 7.720 millones de euros, de los 14.100 millones prometidos por el Gobierno, con el objetivo de proporcionar "certidumbre" a los afectados y fomentar la reconversión e internacionalización de las empresas.
Apoyos y rechazos
El PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria sumaron 176 votos a favor, superando los 169 votos en contra de PP, Vox y UPN. La abstención de Podemos generó críticas por parte del ministro Cuerpo, quien lamentó la dificultad de justificar el rechazo a medidas que benefician a las empresas.
El ministro defendió el plan como "ambicioso" y "articulado para su aplicación inmediata", destacando su visión a medio plazo para fortalecer la economía frente a los aranceles de Trump.
Negociaciones y controversias
El Gobierno de Pedro Sánchez llevó a cabo una ronda de contactos con los partidos, excluyendo a Vox, para presentar las medidas de apoyo a los sectores afectados. Las negociaciones con el PP fueron intensas, con una apertura inicial al apoyo que se desvaneció tras un acuerdo entre el Gobierno y Junts.
Este acuerdo, anunciado por la formación independentista, sugería un beneficio del 25% del total para Cataluña, aproximadamente 3.000 millones de euros, basado en el nivel de exportaciones de las empresas.
Sin embargo, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desmintió categóricamente cualquier acuerdo que favoreciera a un partido o territorio específico, subrayando la equidad del plan.