La Policía Nacional ha detenido a 13 personas en una operación contra un entramado empresarial que operaba desde Valencia, Madrid y Barcelona y que habría defraudado más de 1,3 millones de euros a la Seguridad Social mediante el uso de empresas fantasma y testaferros.
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Una investigación de la Policía Nacional ha destapado un entramado empresarial que habría cometido un importante fraude a la Seguridad Social, valorado en más de 1,3 millones de euros. El operativo se ha desarrollado en varias ciudades españolas (principalmente Barcelona, Madrid y Valencia) y ha culminado con la detención de 13 personas.
La organización, según los investigadores, empleaba un sistema sofisticado de empresas interpuestas, muchas de ellas sociedades pantalla (empresa creada con el objetivo de eludir obligaciones fiscales), para desviar beneficios y evitar el pago de cotizaciones. En total, se han identificado 17 sociedades implicadas, dedicadas a sectores tan diversos como la seguridad privada, los servicios auxiliares y la medicina estética, concretamente en trasplantes capilares.
En el epicentro de la trama se encontraría una pareja que, con el apoyo directo de familiares y colaboradores, habría diseñado una estructura opaca que dificultaba enormemente la identificación de los responsables reales. Para ello, recurrieron a la colocación de testaferros, muchos de ellos personas en situación vulnerable, como administradores aparentes de las empresas, aunque estos no participaban en la gestión ni en la actividad empresarial real.
Propiedades valoradas en más de 2 millones de euros
Las alarmas se encendieron a raíz de ciertas irregularidades detectadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en Valencia, lo que dio inicio a una investigación más amplia. El análisis de la documentación y las declaraciones recogidas por los agentes de la Policía Nacional permitieron reconstruir el funcionamiento de la red: empresas que cambiaban constantemente de administradores y actividades declaradas, operaciones comerciales ficticias y un claro intento de ocultar patrimonio bajo nombres ajenos.
Entre los bienes ocultos por esta red se encuentran propiedades valoradas en más de 2 millones de euros, incluyendo vehículos de alta gama, gestionados a través de sociedades patrimoniales vinculadas a familiares directos de los cabecillas. Además del delito contra la Seguridad Social, los responsables se enfrentan también a acusaciones por frustración en la ejecución, al haber usado estructuras jurídicas complejas para eludir embargos y responsabilidades económicas.