Las quejas de los ciudadanos a la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo han aumentado este año.
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La nueva Defensora del Pueblo Europeo, que inició su mandato en febrero, apuesta por la prevención y la proactividad para aumentar la transparencia de las instituciones de la Unión Europea. Y señala con el dedo a la Comisión: "Se puede hacer más, especialmente en la Comisión Europea, porque se producen sucesivos retrasos en la entrega de documentos. Luego se deniega el acceso a la información, que a menudo se retrasa".
A través del predecesor de Teresa Anjinho, la Oficina del Defensor del Pueblo participó en las quejas contra la presidenta de la Comisión Europea por los mensajes del caso 'Pfizergate', en el proceso de compra de vacunas durante la pandemia de COVID-19.
Ahora, la nueva Defensora del Pueblo ha presentado su informe anual y, en términos generales, los ciudadanos siguen criticando la falta de transparencia. Teresa Anjinho afirma: "Se puede ver que hemos tenido uno de los mayores aumentos de quejas en el área de la transparencia. El 42,2% de las quejas son en el ámbito de la transparencia, esencialmente el acceso a los documentos".
En una entrevista con 'Euronews', la portuguesa dejó claro que la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo no tiene poder judicial, sino que está del lado de los ciudadanos. "No somos meros vigilantes administrativos; somos y debemos ser guardianes de la ciudadanía europea y del derecho de participación de los ciudadanos".
Y advirtió: "La Oficina del Defensor del Pueblo es una institución independiente que hace de puente entre los ciudadanos y las instituciones; estamos en medio y a lo que servimos es a la buena administración europea. Si cualquier institución, ya sea el Parlamento, la Comisión o el Consejo, entiende esto, siempre se dará cuenta de que tiene en la Oficina del Defensor del Pueblo un aliado para la buena administración. El hecho de que critiquemos no tiene por qué perjudicar las relaciones institucionales".
Teresa Anjinho está avanzando en una investigación de oficio sobre el caso de las "puertas giratorias", es decir, cuando los cargos públicos comienzan a ejercer presión o a ocupar puestos en beneficio propio una vez finalizado su mandato, lo que les deja en una situación de conflicto de intereses entre la esfera pública y la privada. Este caso está siendo investigado por la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, que declinó facilitar más información al respecto.