En un momento en que las políticas ecológicas de la Unión Europea son objeto de escrutinio, tres de cada cuatro encuestados de la UE afirman que es importante que el bloque respete su legislación medioambiental.
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Alrededor de tres cuartas partes de los adultos de 10 países de la UE creen que las grandes empresas con 250 o más empleados deben rendir cuentas por los daños causados a los derechos humanos y al medio ambiente en sus cadenas de suministro, según una nueva encuesta de Ipsos (PDF).
Los encuestados de Suecia y España parecen defender esta opinión con especial firmeza. La encuesta, encargada por Global Witness y Amnistía Internacional y realizada por Ipsos, entrevistó a 10.861 personas en Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia.
Se produce tras las negociaciones para revisar la Directiva sobre Sostenibilidad Corporativa y Diligencia Debida (DSDC), un proyecto de ley histórico de la UE que obliga a las empresas a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos y los daños medioambientales en sus cadenas de suministro.
El 13 de octubre, los eurodiputados votaron en el Parlamento Europeo a favor de modificar la CSDDD para que se aplique a las empresas con 1.000 empleados y una facturación anual de 450 millones de euros, así como a las empresas con más de 5.000 empleados y una facturación de 1.500 millones de euros.
Tras la votación del lunes en la Eurocámara, los legisladores deberán ratificar la decisión en una sesión plenaria en Estrasburgo, prevista probablemente para el 20 de octubre. Una vez que el pleno haya emitido su voto, comenzarán las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.
¿Cómo debe aplicar la UE sus leyes ecológicas?
Tres de cada cuatro personas afirman que es importante que la UE haga cumplir sus leyes medioambientales en sus Estados miembros, siendo los encuestados en Italia (85%), Lituania (82%) y Dinamarca (80%) los más de acuerdo.
Más del 60% de los ciudadanos del bloque opinan que las grandes empresas deberían tener la obligación legal de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esta postura cuenta con un fuerte apoyo en Italia (69%), Francia (68%) y Suecia (67%).
Los encuestados creen que procesar a las grandes empresas ante los tribunales y exigirles el pago de daños y perjuicios por pérdidas o sufrimientos es la forma más adecuada de exigirles responsabilidades por violaciones de los derechos humanos.
Mientras tanto, el 45% de los encuestados afirma que revelar públicamente cualquier caso de daño medioambiental es la mejor forma de exigir responsabilidades a las grandes empresas.
Sin embargo, sólo el 23% de los encuestados afirmó haber oído o leído algún debate sobre cambios en la legislación medioambiental y climática de la Unión Europea en los últimos 12 meses.
Impacto de EE.UU. en la UE
Más de la mitad también dijo que ahora era más importante que la UE defendiera sus propias leyes ambientales, ya que la administración estadounidense redujo sus propias protecciones ambientales.
El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha comprometido a impulsar la producción estadounidense de combustibles fósiles y ha criticado las iniciativas de energía verde. Desde su regreso a la Casa Blanca, también ha desmantelado muchas de las políticas de energía verde y clima del expresidente Joe Biden.