Un reportaje de 'Telex' sostiene que la fábrica de baterías de Samsung en Göd acumuló infracciones graves hasta 2023 y que el Gobierno debatió su posible suspensión. El Ejecutivo lo niega y lo atribuye a una "mentira de campaña". La planta sigue operativa tras realizar inversiones.
Algunos trabajadores de la fábrica de baterías de Samsung en Göd (Hungría) han estado expuestos a una contaminación grave que, en ocasiones, alcanzó niveles varios cientos de veces superiores al límite permitido. La empresa fue sancionada en repetidas ocasiones por las autoridades laborales, pero incluso la multa más elevada prevista por la normativa era de cuantía reducida, por lo que, según las informaciones publicadas, la compañía no resolvió de inmediato los problemas de contaminación y trató de ocultar algunos de ellos.
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El asunto habría llegado finalmente a una reunión del Gobierno húngaro en 2023, después de que varios ministros consideraran que las prácticas de la fábrica podían suponer un riesgo político en un momento en que el sentimiento de la opinión pública se estaba volviendo cada vez más crítico con las plantas de baterías en Hungría.
Según esta versión, en esa reunión se debatió si las autoridades debían imponer a la fábrica una sanción más severa que la multa considerada insuficiente, lo que podría haber implicado la suspensión de las operaciones. Algunos ministros habrían defendido la suspensión o el cierre temporal, mientras que otros se habrían mostrado en contra. Finalmente, la planta no fue clausurada.
Al mismo tiempo, la dirección de Samsung fue informada de que sus prácticas habían sido objeto de críticas en el seno del Ejecutivo y realizó las inversiones necesarias para reforzar la seguridad.
Estas son las principales acusaciones recogidas en un extenso artículo, de alrededor de 50.000 caracteres publicado por el portal húngaro 'Telex'. El Gobierno, aludiendo al contexto de campaña electoral, ha calificado el contenido de falso y ha tratado de refutar algunos de sus elementos.
El futuro económico ligado a las baterías
La economía húngara ha dependido en gran medida de la industria automovilística y, desde la segunda mitad de la década de 2010, en el contexto de la expansión del coche eléctrico, varios gobiernos encabezados por Viktor Orbán han tratado de atraer inversiones vinculadas a la fabricación de baterías.
Una de las primeras y mayores inversiones fue la planta de Samsung en Göd, que generó importantes ingresos fiscales en poco tiempo. Sin embargo, la población local también empezó a percibir los efectos asociados a esta industria. El anuncio de nuevas fábricas fue acompañado de una oposición creciente por parte de vecinos y partidos de la oposición en distintas zonas del país.
Las preocupaciones medioambientales, el elevado consumo de energía y agua de estas instalaciones y, más adelante, el recurso a trabajadores extranjeros debido a la escasez de mano de obra húngara, alimentaron el rechazo a nuevos proyectos. La contestación social alcanzó su punto álgido en 2023.
A ello se sumó el descenso de la producción automovilística en Europa, que hizo que las fábricas no cumplieran plenamente las expectativas económicas. El Gobierno había prometido un "despegue" económico para 2025, apoyado en parte en las nuevas plantas de baterías, mientras que el crecimiento del PIB se situó en el 0,3 %.
¿Qué sostiene 'Telex'?
"En Samsung, en la fábrica de Göd, existían deficiencias muy graves en materia de salud y seguridad hasta 2023", declaró Vilmos Weiler, autor del reportaje, a 'Euronews'. "Sabemos que las autoridades les impusieron varias multas por ello, pero la sanción máxima fue de 10 millones de forintos (26.449 euros). Sin embargo, podían haber suspendido la actividad de la fábrica. Según entendemos, no fue la autoridad la que tomó esa decisión, sino que el asunto llegó hasta el Gobierno".
De acuerdo con 'Telex', en la reunión del gabinete se produjo un debate, con ministros partidarios de suspender las operaciones y otros en contra. Finalmente, la planta no fue cerrada. No obstante, Samsung fue informada de que se había planteado la posibilidad de clausura, tras lo cual comenzó a aplicar con mayor rigor las recomendaciones de las autoridades.
"Según nuestra información, todo el asunto se planteó ante el Gobierno en la primavera de 2023", afirmó Weiler a 'Euronews'. "Se dijo a Samsung que debía resolver los problemas antes del otoño y, en la práctica, lo han hecho; el principal problema que existía se ha solucionado".
La respuesta del Gobierno
El primero en reaccionar fue el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Péter Szijjártó, quien desempeñó un papel relevante en la llegada de las fábricas de baterías a Hungría y es citado en el artículo como uno de los argumentos contrarios al cierre temporal de la planta. Szijjártó afirmó que el Gobierno no debate ni interfiere en procedimientos oficiales y sostuvo que la fábrica no representa un riesgo medioambiental, apoyándose en una reciente sentencia judicial.
El ministro también indicó que había presentado una demanda por difamación contra el líder opositor Péter Magyar, que reaccionó públicamente al contenido del reportaje, así como una demanda contra 'Telex'.
Por su parte, el ministro responsable del Gabinete del primer ministro, Gergely Gulyás, calificó el artículo de "mentira de campaña" en la rueda de prensa habitual del Ejecutivo, el único acto periódico en el que periodistas ajenos al partido gubernamental pueden formular preguntas. Durante esa comparecencia, la retransmisión en directo y la cobertura de los medios públicos se interrumpieron tras la primera tanda de preguntas relacionadas con la fábrica, aunque Gulyás respondió a varias cuestiones.
Sus declaraciones se centraron en desmentir afirmaciones que, según 'Telex', no figuraban literalmente en el artículo. El reportaje aborda principalmente problemas detectados en 2023 y que, según el propio Gobierno, ya han sido corregidos, mientras que el Ejecutivo sostiene que actualmente no existen tales deficiencias en la planta.
El artículo se refiere sobre todo a infracciones en materia de salud laboral y contaminación dentro de la fábrica, mientras que Gulyás subrayó que no se había detectado contaminación fuera de las instalaciones. La única afirmación que el Gobierno ha negado de forma explícita es la celebración de una reunión del gabinete para decidir sobre competencias propias de la autoridad de seguridad laboral.
"Si en algún lugar no se cumplen las normas, corresponde a las autoridades garantizar su cumplimiento. Hay que sancionar a quien sea necesario, restringir su actividad o cerrar la fábrica en cuestión", declaró Szijjártó al digital '24.hu' en una entrevista.
Actas confidenciales y vínculos institucionales
El contenido de las reuniones del Gobierno húngaro solo se conoce a través de las declaraciones públicas de sus miembros, especialmente de Gergely Gulyás. Las actas son confidenciales. Hasta 2018 era obligatorio realizar grabaciones de audio para preservar un registro histórico, pero en 2019 los partidos gobernantes eliminaron también esa obligación, por lo que lo tratado en las reuniones queda restringido a sus participantes. 'Telex' afirma haber consultado varias fuentes independientes.
El jefe de la autoridad mencionada por los miembros del Gobierno, Richárd Tarnai, alguacil jefe del condado de Pest, fue diputado del partido Fidesz entre 2010 y 2014. El alguacil jefe de Budapest, Botond Sára, es actualmente candidato de Fidesz al Parlamento municipal de la capital y se encuentra en excedencia sin sueldo de su puesto al frente de la autoridad.
Otro elemento señalado es que el Ayuntamiento de Göd no ha presentado objeciones al funcionamiento de la fábrica. Esta situación se mantiene desde que asumió la alcaldía el excampeón olímpico de piragüismo Zoltán Kammerer, respaldado por Fidesz, en sustitución de la anterior coalición opositora.
Entre 2019 y 2023, cuando la ciudad estuvo gobernada por fuerzas contrarias a Fidesz, el Ejecutivo declaró el emplazamiento de Samsung como "zona económica especial", lo que privó al municipio de los ingresos por impuestos empresariales y de capacidad de influencia sobre el funcionamiento de la planta.
"Podíamos sospechar lo que ahora ha salido a la luz; podíamos escuchar a los trabajadores, a los directivos de la planta o a los bomberos locales cuando sonaba el teléfono en mitad de la noche porque otra parte de la fábrica se había incendiado. Oíamos todo eso, pero nunca hubo pruebas; nada de esto se escribió", declaró a 'Euronews' la exconcejal Viktoria Vajda, del partido Momentum. "Nuestro principal problema era la falta de transparencia sobre lo que emitía la fábrica".