El 28 de abril, la primera revisión formal de la Ley de Mercados Digitales de la Comisión Europea la consideró adecuada y destacó su impacto positivo en consumidores y competencia. El Parlamento pide acelerar una aplicación más firme ante presiones externas.
La Ley de Mercados Digitales (LMD, o DMA de sus siglas en inglés) pretende hacer que los mercados digitales europeos sean más justos y accesibles, limitando el poder de las grandes plataformas en línea, los llamados 'gatekeepers'.
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El 28 de abril, la Comisión concluyó su primera revisión de la LMD desde su entrada en vigor formal en 2022. Al evaluar la aplicación y ejecución de la norma, la Comisión constató que "sigue siendo pertinente y está bien adaptada al entorno digital en evolución".
"Comparto en líneas generales la evaluación de la Comisión Europea [...] pero los mercados digitales evolucionan rápidamente y el marco no debe considerarse estático, en particular en lo relativo a la IA y la nube", afirmó Andreas Schwab, eurodiputado del PPE y ponente de la LMD.
La Comisión respaldó su análisis en 450 contribuciones procedentes de consultas públicas celebradas entre julio y septiembre de 2025. Aunque la mayoría de las respuestas fueron positivas, muchas reclamaron una mejor aplicación de la norma.
Los defensores de la LMD sostienen que el texto es esencial para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado digital de la UE y para devolver a los consumidores el control sobre sus datos. Sus críticos consideran que genera problemas de cumplimiento, perjudica la innovación y desalienta las inversiones.
"La LMD es una intervención técnica y muy intrusiva por parte de la Comisión dirigida solo a determinadas grandes empresas, lo que dificulta el cumplimiento procedimental y carece de un procedimiento justo de contrapesos y garantías", señaló Maria Teresa Stecher, directora de políticas públicas sénior en la Computer and Communication Industry Association (CCIA) en Bruselas. La CCIA representa a cuatro (Apple, Amazon, Google y Meta) de las siete grandes plataformas designadas como 'gatekeepers' por la UE.
¿Por qué es necesaria?
Grandes plataformas en línea como Booking, Google y Amazon dominan servicios digitales esenciales como tiendas de aplicaciones, mercados en línea y motores de búsqueda. Esto les permite fijar condiciones abusivas, controlar los datos, determinar el acceso al mercado y distorsionar la competencia.
El creciente poder de estas plataformas a finales de la década de 2010 y comienzos de la de 2020 llevó a la UE a reforzar su control sobre el mercado digital, lo que supuso un cambio en su enfoque regulatorio.
La norma pretende prevenir las infracciones limitando de entrada el poder de las plataformas en línea en su papel de 'gatekeepers'. Establece criterios concretos para identificar a estos actores e impone obligaciones y prohibiciones previas para que los mercados digitales sean más justos y competitivos desde el inicio.
Antes de 2022, las leyes de competencia, consumo y protección de datos imponían multas una vez detectadas las infracciones, lo que permitía a los gatekeepers mantener un dominio sin control. Según Stecher, "había una voluntad política de dirigirse a determinadas empresas en concreto, querían crear un marco y ponerle un nombre, pero el derecho y los procedimientos de competencia podrían haber logrado los mismos resultados", explicó.
La LMD califica a las empresas como 'gatekeepers' cuando alcanzan una facturación anual de 7.500 millones de euros en los últimos tres años, un valor de mercado de 75.000 millones y al menos 45 millones de usuarios finales al mes. Entre 2023 y 2025, siete empresas entraron en esta categoría**: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft y Booking**. Se consideran puertas de acceso 23 de sus servicios en línea.
La norma obliga a las plataformas a permitir que terceros interactúen con sus servicios, accedan a los datos generados por los usuarios y promocionen ofertas fuera de sus propias plataformas. Ya no pueden favorecer sus propios productos, impedir que los usuarios desinstalen aplicaciones ni rastrear su actividad con fines publicitarios sin su consentimiento.
Incumplir la LMD conlleva una multa del 10% sobre la facturación anualtotal de la empresa (20% en caso de reincidencia) y una sanción periódica del 5% de sus ingresos medios diarios. En 2025, la Comisión multó a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones, y el 16 de abril exigió a Google que diera acceso a terceros a los datos de búsqueda.
¿Qué ganan los ciudadanos y las empresas?
La LMD ofrece a consumidores y empresas más opciones, más control y un entorno en línea más equilibrado. Permite a los consumidores elegir entre diferentes motores de búsqueda y navegadores, desinstalar aplicaciones preinstaladas y descargar aplicaciones de tiendas de terceros.
"Hoy los consumidores pueden elegir cuál es su navegador, su navegador preferido, por ejemplo en iOS, a través de lo que llamamos una pantalla de elección", explicó Agustin Reyna, director general de la asociación de consumidores BEUC. Los usuarios también deciden a qué plataforma quieren transferir sus datos y cómo se utilizan entre distintas plataformas, incluso para publicidad personalizada. Las recomendaciones de las plataformas dejarán de sesgar los resultados de búsqueda de productos y servicios.
Stecher advirtió de que los cambios impulsados por la LMD están haciendo la navegación por internet más compleja y menos intuitiva. Ahora los usuarios tienen que pasar por intermediarios para obtener los resultados de búsqueda, lo que se traduce en resultados menos pertinentes y precios más elevados.
Gracias a la LMD, las empresas disponen del mismo margen que las grandes plataformas para promocionar sus servicios y del mismo derecho a contar con sus propias tiendas de aplicaciones. Pueden fijar sus propios precios de producto en las plataformas de los 'gatekeepers', ofrecer servicios innovadores a usuarios de iOS, Android y Windows, y acceder a los datos que generan mientras están en esas plataformas.
"La Comisión no está teniendo en cuenta los efectos negativos sobre las empresas más pequeñas que dependen en gran medida de los 'gatekeepers', lo que está provocando pérdidas anuales de entre 8.000 y 114.000 millones de euros", afirmó Stecher.
Schwab defendió que "las preocupaciones sobre efectos no deseados deben tomarse en serio, pero a menudo se exageran [...]. Hasta ahora hay pocas pruebas de efectos negativos sistémicos, que en gran medida responden a un relato difundido por los propios 'gatekeepers'".
Una experiencia limitada
Pese a los avances iniciales, la ley todavía no está desplegando todo su impacto, en gran medida por carencias prácticas. La revisión de la Comisión concluyó que las normas se están aplicando de forma lenta y desigual, y que algunas de las grandes tecnológicas solo cumplen parcialmente o de manera que diluye el efecto buscado. En algunos casos, las plataformas han rediseñado sus aplicaciones y ajustes de forma que, aunque existan alternativas, estas sean más difíciles de encontrar o usar, lo que desanima a los usuarios a cambiar.
"Son mucho más reacias a los cambios, o los cambios que introducen no son lo suficientemente rápidos, o utilizan determinadas técnicas… para dificultar que los consumidores disfruten de estos derechos", observó Reyna.
También hay lagunas en la forma en que aborda tecnologías de rápida evolución, especialmente la inteligencia artificial. La LMD no se redactó pensando en el auge actual de la IA, por lo que los reguladores siguen analizando cómo aplicar las normas existentes a herramientas como los asistentes de IA y los chatbots. Esto crea el riesgo de que las empresas dominantes integren sus propios servicios de IA directamente en los sistemas operativos o los motores de búsqueda.
Otro punto débil es la computación en la nube. Aunque sostiene buena parte de la economía digital, todavía no ha quedado plenamente sometida a los controles más estrictos de la LMD. Como consecuencia, las empresas siguen teniendo dificultades para cambiar de proveedor o trasladar sus datos, lo que deja a muchas atadas a un único suministrador. Para los usuarios, esto se traduce en menos servicios innovadores y precios más altos con el tiempo.
La Comisión detectó además problemas de transparencia, ya que los informes de cumplimiento de las grandes plataformas suelen ser demasiado ambiguos como para evaluar con precisión qué está ocurriendo realmente entre bastidores. Las pymes, los investigadores y las asociaciones de consumidores aseguran que aún les cuesta entender cómo se toman las decisiones o si, en la práctica, se están respetando las normas.
La revisión también pone de relieve fricciones entre la LMD y otras leyes de la UE, en particular en materia de protección de datos y ciberseguridad. Las empresas alegan que cumplir un conjunto de reglas puede chocar a veces con otro, lo que ralentiza las modificaciones de productos o retrasa el lanzamiento de nuevas funciones en Europa. Para los usuarios, esto puede traducirse en una experiencia digital distinta y en ocasiones más limitada.
Estas limitaciones hacen que, aunque sobre el papel haya ahora más opciones (elección de navegadores, aplicaciones o ajustes de intercambio de datos), los beneficios no siempre sean tan claros en la práctica. Las empresas, especialmente las más pequeñas, siguen afrontando barreras cuando intentan competir con plataformas ya consolidadas.
Equilibrar la economía digital
La LMD prometía una competencia más justa, menos barreras para las pequeñas empresas y un mayor control de los consumidores sobre sus datos y servicios digitales. Pese a sus carencias, ha empezado a avanzar en varias de estas direcciones.
En algo más de dos años, navegadores y tiendas de aplicaciones alternativas han ganado visibilidad gracias a las nuevas pantallas de elección, lo que ha provocado aumentos apreciables en su uso y ha ofrecido a los usuarios opciones más reales. Más de 40 empresas han creado ya nuevos servicios gracias a un mejor acceso a los datos, mientras que nuevos mercados de aplicaciones, algunos gestionados por pequeñas firmas europeas, han entrado en el mercado. Los servicios de mensajería también han empezado a interoperar, de modo que los proveedores más pequeños pueden conectarse ahora con grandes plataformas como WhatsApp o Messenger.
Por ejemplo, "los consumidores pueden intercambiar mensajes desde BirdChat, una startup letona, con alguien que está en WhatsApp", explicó Reyna.
Los usuarios pueden ahora eliminar aplicaciones preinstaladas, elegir cómo se combinan sus datos personales entre servicios y transferirlos más fácilmente entre plataformas. En la práctica, un número "significativo" de usuarios está rechazando compartir sus datos. También se han producido avances en la transparencia de la publicidad en internet.
Reformar, no empezar de cero
La revisión deja claro que la ley en sí va a mantenerse, pero que la forma de aplicarla debe ser más afinada y detallada. La Comisión planea reforzar la ejecución abriendo más procedimientos formales cuando sea necesario y utilizando "decisiones de especificación" para precisar cómo deben cumplir exactamente las empresas.
Según Reyna, "la aplicación por parte de la Comisión Europea es fundamental… hay un punto en el que los diálogos también tienen un límite… la Comisión debe mostrarse más firme para lograr estos cambios en un plazo más corto".
Uno de los grandes focos será la computación en la nube. La Comisión ha iniciado investigaciones de mercado para decidir si servicios como Amazon Web Services y Microsoft Azure deben ser designados formalmente como 'gatekeepers', lo que implicaría obligaciones más estrictas en materia de portabilidad de datos, cambio de proveedor e interoperabilidad.
Los reguladores también estudian si los asistentes de IA y herramientas similares deben encuadrarse en las categorías existentes, y ya están impulsando normas adicionales para garantizar que los servicios de IA puedan modificarse fácilmente por los usuarios y conectarse en condiciones equitativas con los sistemas operativos y los datos de búsqueda. En la práctica, esto afecta a cómo se configuran por defecto las herramientas de IA en los dispositivos.
La Comisión también prevé elaborar nuevas orientaciones para aclarar cómo deben gestionar las empresas el consentimiento de los usuarios, el intercambio de datos y su portabilidad. Asimismo, se quiere afinar los requisitos sobre la elaboración de perfiles de los consumidores, con informes más claros sobre el uso de los datos de los usuarios y, potencialmente, modelos de declaración más estrictos.
En cuanto a la transparencia, que debe reforzarse, los informes de cumplimiento podrían ser más detallados, lo que facilitaría comparar qué hace cada plataforma e identificar lagunas. Del mismo modo, la propia Comisión compartiría más información sobre sus investigaciones en curso y sus debates regulatorios.
Para simplificar el funcionamiento del sistema, también se prevé aligerar los modelos de informe para las empresas, mejorar la coordinación con los reguladores nacionales y posiblemente actualizar las normas de ejecución que rigen cómo se aplica la LMD. Gana importancia igualmente la aplicación privada de la norma, con el objetivo de que empresas y asociaciones de consumidores puedan presentar casos por su cuenta.
Por último, la Comisión utilizará de forma más activa los mecanismos de la propia ley pensados para "blindarla de cara al futuro". Esto significa ampliar el ámbito de aplicación a nuevos servicios cuando sea necesario, actualizar las obligaciones mediante orientaciones en lugar de legislación y seguir el ritmo de sectores de rápida evolución como la IA sin tener que reabrir todo el paquete normativo.
Para los ciudadanos, estos cambios harán que los servicios digitales cotidianos sean más flexibles y menos restrictivos. Debería resultar más fácil cambiar de aplicación, controlar cómo se utilizan los datos personales y elegir alternativas a los servicios predeterminados en los teléfonos o las plataformas en línea.
Para las empresas, especialmente las más pequeñas, las medidas contribuirán a igualar las condiciones. Un acceso más sencillo a los datos, condiciones más equitativas en las tiendas de aplicaciones y sistemas operativos y la posibilidad de competir con servicios integrados podrían abrir nuevas oportunidades de negocio. Al mismo tiempo, las grandes tecnológicas se enfrentarán a una supervisión más estricta y a reglas más claras, lo que puede limitar algunas de sus ventajas actuales, pero también les dará más seguridad sobre lo que se espera de ellas.