Un informe de un organismo de control cuestiona que la industria esté al borde del colapso por los altos costes energéticos y la competencia china, uno de los pilares de la promesa de competitividad de la Comisión Europea.
La nueva Alianza de Productos Químicos Críticos (CCA) de la Unión Europea, presentada como respuesta estratégica a la preocupación por la resiliencia industrial y la competitividad de Europa, se ha convertido en una plataforma para las industrias que presionan a favor de la desregulación y de normas más laxas sobre la contaminación, según un informe de un organismo de vigilancia publicado este lunes.
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Creada en enero de 2026 con el respaldo de la Comisión Europea, la CCA reúne a gigantes de la industria química como BASF, TotalEnergies y Avantium. Su objetivo oficial es identificar sustancias químicas y instalaciones de producción consideradas "críticas" para la economía europea, lo que podría abrir la puerta a miles de millones de euros en futuros apoyos públicos y ayudas de Estado.
Pero una nueva investigación publicada por Corporate Europe Observatory (CEO) y el European Environmental Bureau (EEB) sostiene que el relato de la UE sobre la competitividad en la producción química está moldeado en gran medida por la propia industria a la que debería supervisar.
"Desde el lanzamiento de la Alianza, ha quedado claro que el Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) lleva las riendas de esta iniciativa, mientras que el departamento de industria de la Comisión parece despreocuparse de los riesgos de que el proceso esté indebidamente influido por intereses corporativos", señala el informe de CEO y EEB.
El conocido carcinógeno benceno, el peligroso cloro, materias primas petroquímicas como el etileno y el propileno y el ácido fluorhídrico, vinculado a las "sustancias eternas" o PFAS, figuran entre las "moléculas críticas" que la CCA ha señalado para recibir inversión pública.
El nuevo informe de 30 páginas cuestiona la reiterada afirmación de la industria de que los fabricantes químicos europeos se enfrentan a una crisis existencial por los elevados costes de la energía y la competencia china. Sostiene que las grandes empresas químicas han obtenido cientos de miles de millones de euros de beneficios en la última década y que buena parte de esos beneficios se distribuyó entre los accionistas en lugar de reinvertirse en la modernización de la producción.
Las generosas asignaciones gratuitas de derechos de emisión de carbono en el mercado de emisiones de la UE, el Sistema de Comercio de Emisiones, ya han aportado un importante apoyo público a las industrias químicas, añade el informe.
¿Captura corporativa?
Los autores recuerdan que CEFIC desempeñó un papel clave en la organización de la Declaración de Amberes de febrero, que reunió a líderes industriales en un llamamiento a adoptar acciones "urgentes y audaces" para reforzar la competitividad de los sectores de industria pesada.
Las empresas que participan en la CCA fabrican productos químicos que podrían ser calificados de "críticos" o gestionan instalaciones de producción que podrían optar más adelante a apoyo financiero público.
El informe subraya que representantes de CEFIC ejercen la vicepresidencia del grupo que define las moléculas y las instalaciones de producción críticas y presiden el grupo de trabajo sobre comercio.
En conjunto, los responsables del informe describen sus hallazgos como una "captura corporativa estructural" más que como un mero ejercicio de presión, y sostienen que no debería concederse financiación pública a las industrias afectadas sin imponer condiciones más estrictas y resolver los conflictos de intereses.
"Mi impresión, basada en la manera en que CEFIC presentó las cosas (...) la estructura del Consejo de Dirección y de los grupos de trabajo, fue que debía de haber un importante trabajo preparatorio entre bastidores en el que participaron tanto la DG GROW (el departamento de industria de la Comisión) como CEFIC", declaró Tatiana Santos, responsable de política de productos químicos del EEB. "Mi percepción era que era CEFIC quien estaba dirigiendo todo".
CEFIC no respondió a la petición de comentarios de 'Euronews' en el momento de la publicación.
Preocupaciones medioambientales desatendidas
Aunque la Comisión preside formalmente la CCA, el informe sostiene que buena parte de la agenda, la gobernanza y el trabajo técnico se ha delegado de facto en la industria, ya que sus representantes ocupan puestos clave de liderazgo en los comités de dirección y grupos de trabajo, mientras que las organizaciones medioambientales han sido en gran medida excluidas de la toma de decisiones.
Los autores sostienen que, como consecuencia, las principales prioridades medioambientales apenas están presentes en la CCA. En lugar de reducir los productos químicos peligrosos, disminuir la dependencia de las materias primas fósiles y recortar la producción global de petroquímicos y plásticos, los debates se han centrado sobre todo en mantener la capacidad industrial existente, reforzar el apoyo a la inversión y avanzar en la desregulación.
El informe advierte además de que las medidas climáticas promovidas en el marco de la CCA, como la captura de carbono y determinadas soluciones de base biológica, corren el riesgo de prolongar la dependencia de los combustibles fósiles en lugar de acelerar una descarbonización real.
En lugar de preguntarse qué productos químicos son económicamente "críticos", sostienen los autores, los responsables políticos de la UE deberían preguntarse cuáles son socialmente esenciales, es decir, aquellos necesarios para la salud, la seguridad y las funciones públicas vitales, así como para la inversión pública directa.
"El concepto de 'essentiality', el valor social de los productos químicos y la idea de supeditar la financiación pública al avance de la desintoxicación ni siquiera figuran en el radar de la Comisión, y mucho menos en la gestión del proceso de la CCA", recoge el informe.
La Comisión no respondió a la petición de comentarios de 'Euronews' en el momento de la publicación.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han votado recientemente simplificar la normativa sobre productos químicos, lo que ha suscitado críticas de organizaciones ecologistas que consideran que las necesarias medidas de protección medioambiental chocan con las exigencias industriales y económicas recogidas en las nuevas reglas.