La Comisión Europea ha rechazado una Iniciativa Ciudadana Europea que pedía suspender el asilo y la reagrupación familiar y devolver a sus países de origen a los migrantes no europeos considerados no integrados. Sus organizadores preparan un recurso judicial.
Los activistas que están detrás de la campaña de extrema derecha "Save Europe Act" llevarán a la Comisión Europea ante la justicia después de que esta se negara a registrar una petición que reclama la suspensión de las vías legales de migración y la "remigración" de nacionales de terceros países en situación regular considerados "no integrados", con el objetivo de evitar lo que los organizadores describen como un "reemplazo demográfico".
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La Comisión rechazó la iniciativa el jueves, al considerar que implicaría discriminación por motivos de raza y origen étnico y que, por tanto, era "manifiestamente contraria" a los valores de la UE, lo que llevó a los organizadores a anunciar acciones legales.
"Creemos que la Comisión actuó en contra del derecho europeo al impedir que los ciudadanos pidan medidas concretas", declaró a Euronews el activista austríaco Martin Sellner, líder del movimiento y uno de los principales defensores de la remigración. Añadió que el equipo jurídico del grupo está preparado para presentar una demanda ya el lunes.
La petición reclama una suspensión temporal de las "vías de inmigración no occidentales", incluidos los visados de estudios y de reagrupación familiar.
También pide el retorno a sus países de origen no solo de los migrantes en situación irregular, sino también de los nacionales no europeos que residen legalmente y que sean "no integrados" o considerados una "grave carga cultural o financiera" para los Estados miembros.
El concepto de "remigración" ha ganado terreno entre algunos partidos de extrema derecha en Europa. Según la página web de la campaña, cuenta con el apoyo de figuras nacionalistas como el húngaro Viktor Orbán, el español Santiago Abascal, el rumano George Simion y el italiano Roberto Vannacci.
Una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que se considere admisible debe ser examinada por las instituciones de la UE si reúne un millón de firmas procedentes de al menos siete Estados miembros.
A continuación, la Comisión debe explicar qué medidas, si prevé alguna, tiene intención de adoptar, mientras que el Parlamento Europeo está obligado a celebrar una audiencia con los organizadores y puede además votar una resolución.
La campaña afirma que ya ha reunido de manera informal casi 600.000 firmas y la semana pasada organizó una manifestación de unos 200 simpatizantes frente al Parlamento Europeo, en Bruselas, para exigir el registro de la iniciativa.
La Comisión sostuvo que la suspensión de las vías de migración propuesta se basaba en el origen étnico, cultural o civilizacional de las personas afectadas, en lugar de en la evaluación individual, caso por caso, que exige el derecho de la UE.
"La decisión [de denegar el registro] es un acto justo", señaló la eurodiputada de Los Verdes/Alianza Libre Europea (Verdes/ALE) Cristina Guarda, que describió la petición como "propaganda de odio promovida por la extrema derecha". Guarda y otros eurodiputados organizaron la semana pasada una contramanifestación frente al Parlamento Europeo para coincidir con la protesta de los activistas.