Los países de la UE han aprobado un régimen temporal que permite a los servicios de mensajería detectar voluntariamente material de abusos sexuales a menores hasta 2028, mientras que apps con cifrado de extremo a extremo como WhatsApp y Signal quedan exentas.
Los gobiernos europeos han confirmado un régimen temporal que permite a los servicios de mensajería implantar voluntariamente medidas paradetectar material de presunto abuso sexual infantil(CSAM), manteniendo la excepción para los mensajes cifrados de extremo a extremo introducida anteriormente por los eurodiputados.
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El miércoles, los embajadores de la UE aprobaron el procedimiento escrito para el marco temporal, que supone una derogación de las normas del bloque sobre la privacidad de las comunicaciones electrónicas para combatir la difusión de este contenido ilegal.
Los procedimientos escritos se emplean normalmente para expedientes relativamente poco controvertidos y permiten a los Estados miembros expresar su preferencia de voto sin una reunión formal. El jueves se confirmó la adopción del expediente con 25 gobiernos a favor: solo uno votó en contra mientras otro se abstuvo.
En otras palabras, los Estados miembros ratificaron el texto tal como lo aprobó el Parlamento Europeo a principios de este mes, incluida una enmienda de última hora que excluye de su ámbito de aplicación los servicios de mensajería cifrados de extremo a extremo como WhatsApp y Signal.
La medida temporal ha resultado polémica, y los defensores de la privacidad, que la han bautizado como 'chat control', advierten de que sienta un precedente peligroso para el escaneo de los mensajes privados de las personas.
El Parlamento Europeo votó en contra de prolongar la medida en marzo y esta caducó en abril. Sin embargo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, volvió a poner el expediente sobre la mesa a petición del Partido Popular Europeo.
Como resultado, a principios de este mes el Parlamento Europeo votó a favor de prorrogar el régimen temporal hasta el tres de abril de 2028, mientras los responsables políticos de la UE siguen negociando una solución permanente que establezca normas vinculantes en lugar de medidas voluntarias.
En una maniobra de última hora, los eurodiputados del centroizquierda introdujeron una enmienda importante que excluye el cifrado de extremo a extremo del ámbito de aplicación, una jugada con la que los diputados más preocupados por la privacidad esperaban que los Estados miembros rechazaran el texto en su totalidad.
"Una mayoría clara quería limitar el ámbito a CSAM ya conocido e incluir medidas específicas", declaró Birgit Sippel (Alemania/Socialistas & Demócratas), la eurodiputada al frentedel expediente, tras la adopción de la medida por parte del Parlamento.
"Sin embargo, debido a las limitaciones procedimentales que exigen una mayoría cualificada para que se adopten las enmiendas, solo pudimos subrayar la protección crucial del cifrado de extremo a extremo", concluyó.
La semana pasada, la Comisión Europea emitió un dictamen favorable sobre las enmiendas parlamentarias, lo que llevó a los Estados miembros a adoptar el expediente sin más negociación con los eurodiputados. Pese a la exclusión de los servicios de mensajería cifrados de extremo a extremo del ámbito de la derogación, varios eurodiputados siguen siendo críticos con su contenido.
"Cualquier escaneo del contenido de las comunicaciones privadas debe limitarse a sospechosos concretos", declaró a 'Euronews' el eurodiputado Ignazio Marino (Verdes/ALE/Italia). Su grupo votó en contra de la prórroga del régimen temporal en bloque y a él se sumaron los partidos de la izquierda radical y de la ultraderecha, hasta reunir un total de 276 eurodiputados opuestos al esquema provisional.
Otros grupos políticos se dividieron en la votación, lo que evidencia desacuerdos internos sobre la cuestión. En particular, los Socialistas & Demócratas, de centroizquierda, se mostraron mayoritariamente a favor de la prórroga, pero la ponente Sippel se contó entre los 20 eurodiputados que votaron en contra.
Los diputados escépticos sostienen que la protección de los menoresno debe perseguirse a costa de la privacidad de los ciudadanos de la UE ni mediante la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. "Ningún menor se beneficia de una ley que será anulada por el Tribunal de Justicia", afirmó Marino.