La UE necesita una agencia europea que garantice la aplicación efectiva de sus normas digitales y cierre las actuales brechas de cumplimiento, según concluyen expertos en un nuevo informe.
Las normas digitales de la UE conforman uno de los marcos regulatorios más densos del mundo para las tecnologías digitales. Para los expertos, ha llegado el momento de centralizar su aplicación bajo una única agencia europea para superar la fragmentación que actualmente lastra el sistema.
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El libro de normas digitales de la UE abarca más de 171 leyes y 315 organismos reguladores, una estructura difícil de gestionar que ha abierto una importante brecha en su aplicación y ha dejado al bloque estructuralmente incapacitado para hacer cumplir sus propias reglas.
Esa es la conclusión de un documento elaborado por Kai Zenner, jefe de gabinete del eurodiputado Axel Voss (Alemania/PPE), y Maria Koomen, analista independiente especializada en tecnología y democracia. Ambos defienden la creación de una Agencia de Cumplimiento Digital.
El documento sostiene que simplificar la aplicación es ahora urgente, justo cuando Bruselas ha empezado a hacer cumplir leyes digitales emblemáticas como la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA).
"La aplicación de la Ley de IA, la DSA y la DMA se está intensificando, pero su cumplimiento está repartido entre más de 300 organismos de la UE y nacionales, muchos sin el personal, la experiencia ni la independencia necesarios para actuar de forma coherente", explicó Koomen a 'Euronews'.
Para los autores, la Comisión Europea, que lidera la aplicación de estas normas digitales de la UE, es en sí misma parte del problema, ya que legisla, aplica y evalúa al mismo tiempo que negocia acuerdos con potencias extranjeras.
Señalan que el Ejecutivo comunitario no solo es el principal garante del cumplimiento de las normas digitales del bloque, sino que también se encarga de negociar con terceros países cuestiones como el comercio y la seguridad. Esta doble función lo expone a presiones políticas e incluso puede predisponerlo de antemano a una aplicación más laxa.
Una agencia europea para cerrar la brecha de aplicación
El año pasado, varios medios informaron de que el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, había presionado para retrasar una sanción antimonopolio contra Google, por temor a que pudiera poner en peligro la frágil tregua comercial entre la UE y Estados Unidos, conocida como Acuerdo de Turnberry.
Para Koomen y Zenner, la combinación de captura geopolítica, gobernanza fragmentada, intereses nacionales de los Estados miembros más influyentes y falta de recursos adecuados genera una brecha de aplicación que hace que las normas digitales de la UE fracasen en la práctica.
La idea de centralizar la aplicación de las normas digitales no es nueva, pero se ha topado con una fuerte oposición en el pasado, con Bruselas y las capitales nacionales reacias a ceder competencias regulatorias y unos Estados miembros poco dispuestos a financiar un nuevo organismo europeo costoso.
El documento propone un enfoque de tres fases para superar esta resistencia, comenzando por un foro de cooperación de corta duración, que daría paso a una Agencia de Cumplimiento Digital a medio plazo. Esta última alcanzaría un estatus plenamente independiente tras una reforma de los tratados a largo plazo.
Los autores sostienen que existe ahora una oportunidad propicia para actuar, con la Comisión a punto de poner en marcha una amplia revisión de la legislación digital de la UE justo cuando las negociaciones sobre el próximo presupuesto plurianual del bloque entran en una fase decisiva.
"Se ha abierto una ventana poco habitual para corregir esto de forma estructural en lugar de ir parcheándolo caso por caso", señaló Koomen. "Si dejamos pasar este momento, la próxima oportunidad no llegará hasta dentro de siete años".