España vive una situación paradójica con respecto a Huawei que refleja las tensiones entre la seguridad nacional, los intereses comerciales y las presiones geopolíticas. Mientras que el gigante chino ha sido expulsado de las infraestructuras 5G del país, se mantiene para las escuchas telefónicas.
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El Ministerio del Interior español ha adjudicado contratos por 12,3 millones de euros a Huawei para la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales. Esta decisión se enmarca en las licitaciones centralizadas entre 2021 y 2025 y contempla la custodia digital de las interceptaciones ordenadas por jueces y fiscales, como, por ejemplo, los audios de Villarejo o los aportados por la UCO en el caso Koldo.
El sistema utilizado, según comenta 'The Objective', es el Huawei OceanStor 6800 V5, una línea de servidores de almacenamiento de alto rendimiento que sirve de soporte para conservar y clasificar las comunicaciones interceptadas legalmente por las fuerzas de seguridad del Estado. La adjudicación se tramitó siguiendo los procedimientos públicos establecidos y cumple con las Guías de Seguridad TIC del Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC).
Esta no es la primera vez que Huawei participa en sistemas sensibles españoles. La empresa asiática ya aportaba apoyo tecnológico dentro de los sistemas de interceptación legal (SITEL), lo que ha generado un creciente malestar en sectores de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Fuentes internas de ambos cuerpos expresan su preocupación ante lo que consideran una "incongruencia estratégica" en materia de seguridad: mientras se extrema la precaución con programas extranjeros, se confían datos críticos a una compañía vinculada al Partido Comunista Chino.
El modelo OceanStor adquirido por España es un sistema de almacenamiento empresarial de alta gama, diseñado para gestionar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad. Su principal ventaja competitiva es ser más económico que sus competidores occidentales como Dell EMC, IBM e Hitachi, lo que ha favorecido su expansión en varios países.
El veto europeo y las presiones internacionales
La posición española contrasta marcadamente con la tendencia europea y occidental. La Unión Europea ha intensificado las presiones sobre España para que endurezca su normativa contra los proveedores chinos tras el pacto alcanzado por Alemania para desmontar progresivamente las infraestructuras de Huawei y ZTE.
Alemania logró un acuerdo con sus principales operadoras (Deutsche Telekom, Telefónica y Vodafone) para eliminar gradualmente estos componentes calificados de alto riesgo. La normativa alemana establece un calendario de sustitución que exige una revisión de los "componentes de software críticos" para fines de 2026 y una sustitución de las "funciones críticas" para fines de 2029.
Esta estrategia alemana se suma a la adoptada por Portugal, que en junio estableció vetos a todos los suministradores ajenos a la UE, la OTAN y la OCDE. El país luso no bloqueó empresas específicas, sino nacionalidades completas con el objetivo de salvaguardar sus redes ante riesgos de seguridad.
En el conjunto de la Unión Europea, ya son diez los países que han impuesto restricciones. Reino Unido y Suecia prohibieron directamente a los proveedores chinos de sus redes core de 5G, mientras que Francia, sin hacer una lista pública, ha excluido a todos los suministradores chinos de las redes de sus empresas locales.
Washington y Bruselas han sido tajantes en su postura. La Administración estadounidense mantiene desde la era Trump un veto total a la participación de Huawei en redes de telecomunicaciones. En 2020, la Comisión Europea recomendó a sus Estados miembros excluir a proveedores "de riesgo elevado" de los despliegues de 5G.
El estado actual en España: veto de facto sin prohibición explícita
A pesar de la resistencia oficial del Gobierno español a señalar específicamente a empresas como Huawei o países como China, la realidad del mercado español ha cambiado drásticamente. Telefónica ha adjudicado a Nokia la última parte de su núcleo 5G, completando la eliminación de Huawei de las redes críticas españolas.
Este movimiento culmina el destierro no oficial del gigante chino de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones en España, sin que haya sido necesario un veto gubernamental explícito. En 2019, Telefónica había elegido a Huawei para su núcleo 5G, pero las presiones internacionales forzaron un cambio de rumbo inmediato.
La situación actual de los tres grandes operadores españoles es clara: todos han expulsado a Huawei de sus núcleos de red. Telefónica lo divide entre Nokia y Ericsson, Orange lo adjudicó a Ericsson, y Vodafone escogió a Nokia. La presencia de Huawei en los núcleos 5G de las tres grandes operadoras españolas se ha reducido al 0%.
La salida de Huawei del mercado español se ha acelerado no solo por decisiones corporativas sino también por políticas públicas. Aunque mantiene una presencia importante en las redes de radio de algunos operadores (como el 70% en Vodafone), su exclusión de las ayudas públicas al 5G rural mediante un veto indirecto ha sido determinante.
Esta estrategia del Gobierno, que exige evitar "proveedores de alto riesgo" para acceder a fondos públicos, llevó a Huawei a presentar una demanda ante la Audiencia Nacional. El proceso de sustitución requiere cautela y precisión, siguiendo un calendario meticuloso por fases y regiones para evitar interrupciones del servicio.
Una paradoja que refleja las tensiones geopolíticas
El caso español con Huawei se ha convertido en un ejemplo de cómo la geopolítica cambia el mapa tecnológico de un país sin necesidad de prohibiciones directas. Mientras que el núcleo de red 5G, el cerebro que gestiona todas las conexiones y datos de los usuarios, se considera infraestructura crítica para la seguridad nacional, paradójicamente se mantiene la confianza en la empresa china para gestionar las escuchas telefónicas judiciales.
El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, señaló en unas declaraciones a 'The Objective' que España no tiene previsto hacer una lista de suministradores de alto riesgo, una prerrogativa incluida en la ley de ciberseguridad 5G que dos años después no se ha desarrollado. Esta posición busca un doble objetivo: no señalar a los proveedores chinos y mantener una "bala de plata" para actuar si la situación geopolítica empeora.
El acercamiento diplomático también ha sido visible. España y China han redoblado su cooperación tras el desembarco del fabricante de coches eléctricos Chery en Barcelona y con MG sondeando Galicia para instalarse en Europa. El Gobierno español no quiere perjudicar estas inversiones poniendo en el punto de mira a las principales empresas tecnológicas de Pekín.
Pedro Sánchez ha sido, dentro de la UE, uno de los líderes más favorables a la presencia de Huawei, defendiendo públicamente que no se debía excluir a la compañía por su país de origen. Esta posición contrasta con las presiones que Bruselas lleva ejerciendo sobre España en los últimos dos años, sin que hayan tenido efectos visibles.