El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado un nuevo decreto ley de seguridad tras los disturbios registrados en varias ciudades italianas. La reforma introduce un delito de participación violenta en manifestaciones, endurece las sanciones y modifica las medidas aplicables a los menores.
El Consejo de Ministros italiano aprobó el martes 20 de octubre un nuevo decreto ley sobre seguridad pública y lucha contra la delincuencia juvenil, tras los disturbios registrados en los últimos días en varias ciudades del país. La reunión, convocada inicialmente para las 17:30, comenzó finalmente a las 18:25, con casi una hora de retraso.
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La aprobación del decreto se había anunciado tras la reunión celebrada el lunes en el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano. En ella, el Ejecutivo aseguró que respondería con firmeza a los actos de vandalismo y saqueo registrados durante las manifestaciones de los últimos días.
Sin embargo, la elaboración del texto estuvo marcada por discrepancias entre el Gobierno y la Presidencia de la República, encabezada por Sergio Mattarella, sobre algunas de las medidas previstas.
Los distintos borradores del decreto que circularon durante la jornada experimentaron varios cambios. En un primer momento, se había eliminado la posibilidad de extender la detención preventiva a los menores. No obstante, Giorgia Meloni anunció posteriormente su recuperación en un vídeo difundido tras la aprobación del texto.
"La detención preventiva, que hasta ahora se aplicaba únicamente a los adultos, podrá aplicarse también a los menores", afirmó la primera ministra. Poco antes de que comenzara la reunión del Consejo de Ministros, trascendió que la Presidencia de la República había expresado objeciones a la posibilidad de atribuir funciones de Policía judicial a los militares. Según fuentes de la mayoría gubernamental, esta disposición fue finalmente retirada.
Unos 20 minutos después del inicio de la reunión, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo decreto ley, conocido como 'decreto Cortei', en referencia a las manifestaciones públicas. Se trata del octavo paquete de medidas de seguridad impulsado por el Gobierno de Meloni desde su llegada al poder, en octubre de 2022. "Nace un nuevo delito: la participación violenta en una manifestación", anunció la primera ministra en un vídeo publicado en sus redes sociales tras la aprobación del decreto.
"En la práctica, si durante una marcha o una manifestación te unes a un grupo de cinco o más personas y empiezas a lanzar piedras, petardos o palos, poniendo en peligro la seguridad de los demás, te expones a penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros. Si llevabas el rostro cubierto o has herido a alguien, las penas aumentan. También se endurecen las sanciones por cometer actos de devastación en grupo", explicó Meloni.
Qué prevé el nuevo decreto de seguridad
El decreto contempla la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a los menores de entre 14 y 18 años mediante una presunción de imputabilidad, salvo que se demuestre lo contrario. Hasta ahora, según el sistema establecido por el Código Rocco, debía acreditarse la capacidad del menor para comprender sus actos y actuar conforme a esa comprensión.
La norma extiende también a los menores la figura de la 'flagrancia diferida' y permite que los jueces impongan medidas cautelares a los mayores de 16 años, incluso cuando estas puedan interrumpir procesos educativos en curso.
Otra de las principales novedades es la creación del delito de participación violenta en manifestaciones públicas. La medida pretende sancionar a quienes, como integrantes de grupos de más de cinco personas, utilicen de forma ilícita objetos capaces de causar daño y generen un peligro concreto.
El Ministerio de Justicia ha incorporado, además, una ampliación de la figura de la 'flagrancia diferida', recogida en el artículo 382 bis del Código de Procedimiento Penal. Esta se extenderá a los delitos de devastación y saqueo, los ataques contra instalaciones de utilidad pública, la participación violenta en manifestaciones y los daños cometidos en grupo.
El decreto establece asimismo que las lesiones causadas a agentes u oficiales de la Policía Judicial o de las fuerzas de seguridad podrán perseguirse de oficio en todos los casos. Hasta ahora, esta posibilidad estaba limitada a los supuestos agravados.
Por otra parte, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, confirmó al término de la reunión que la norma contempla el despliegue de 500 militares del Ejército italiano para reforzar la seguridad en Milán hasta el 31 de diciembre de 2026.
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, anunció también la creación de un delito específico, castigado con penas de entre cuatro y 12 años de prisión, para quienes promuevan la formación de grupos destinados a organizar manifestaciones violentas, incluso mediante herramientas informáticas o telemáticas. La medida contempla penas de hasta 12 años de cárcel para quienes utilicen las redes sociales para organizar grupos y concentraciones de este tipo.
Qué dicen los 7 paquetes de seguridad ya aprobados por el Gobierno
La seguridad lleva vario años siendo uno de los temas clave de la campaña electoral para las elecciones nacionales. El Gobierno de Meloni, en el poder desde octubre de 2022, ya ha aprobado siete medidas: el decreto antirave de 2022; el decreto Cutro, destinado a endurecer las penas contra los traficantes de inmigrantes en 2023; el decreto Caivano, para combatir las bandas juveniles en 2023; el proyecto de ley 48 de 2024, que introdujo 12 nuevos delitos y endureció otros ya existentes; el decreto ley 24 de febrero de 2026, que reforzó el control sobre los cuchillos e introdujo el 'daspo' urbano para quienes amenacen la seguridad pública; el proyecto de ley sobre seguridad aprobado el 14 de julio de 2026, que establece que quienes sufran daños mientras cometen un delito ya no podrán reclamar una indemnización por la vía civil; y el proyecto de ley con las llamadas normas antimaranzа, aprobado el 23 de julio de 2026, que modifica las reglas sobre la imputabilidad de los menores.