Juicios exprés en Hungría para expulsar a los refugiados

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El Tribunal de Szeged ha hecho venir a jueces de todo el país para juzgar por la vía rápida a las personas atrapadas cruzando la valla recién construida. Es el caso de dos sirios de Kobani que no parecen comprender muy bien qué está pasando. Han rechazado ser registrados por las autoridades, solo piden que les dejen atravesar el país pues su destino final es Alemania. La sentencia no se ha hecho esperar:

“Esta corte ha decidido que la expulsión es castigo suficiente en este caso, así que los acusados no podrán acceder al territorio húngaro por un periodo de dos años”, ha sentenciado la jueza Noémi Mészáros. Según nuestra corresponsal, Andrea Hajagos, que estuvo presente en el juicio, la falta de intérpretes ralentiza los juicios.

Desde el 15 de septiembre atravesar la valla es considerado un crimen que puede conllevar la prisión aunque, en la mayoría de los casos, los jueces optan por expulsar a las personas. Según nuestra corresponsal, Andrea Hajagos, centenares de personas son atrapadas cada día por los agentes.

“La situación aquí en la frontera es muy tensa, comenta, en estos momentos se están llevando a cabo arrestos ya que mucha gente sigue intentando cruzar la valla.”

En Hungría, pedir asilo es casi una utopía

Estos casos no tienen nada que ver con el procedimiento de una demanda de asilo. Se trata de la antesala a una posible demanda ya que las personas juzgadas en estos juicios exprés ni siquiera son consideradas candidatas al asilo. Se les juzga por penetrar de manera ilegal independientemente de si reúnen los requisitos para acogerse al estatus de refugiado. Para ello, los migrantes deben acceder a ser registrados por las autoridades húngaras. La mayoría se niega porque sabe que sus demandas serán rechazadas ya que Hungría modificó su ley de asilo en julio.

La Asamblea Nacional adoptó una disposición en la que modifica la ley. En ella se especifica que las demandas de asilo procedentes de personas llegadas a través de un “país considerado seguro” serán “injustificadas”.

Las nuevas disposiciones analizadas por Amnistía Internacional, entraron en vigor el pasado 1 de agosto.