PUBLICIDADEl Tribunal Constitucional suspende la ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña y el decreto de convocatoria de la consulta popular para el 1 de octubre. La Justicia se ha pronunciado un día después de que el Parlament aprobara la controvertida ley.
El mismo jueves, se reunía de forma extraordinaria del Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo a su fin que no permitirá “que se liquide de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Haré todo lo necesario para evitarlo, sin renunciar a nada”. A los dirigentes de la Generalitat, el presidente del gobierno español les dijo “que no sigan avanzando hacia el precipicio, que abandonen este proceso cada vez más excluyente. Deben de forzar la libertad de la gente. No sigan dividiendo a la sociedad catalana. Les pido que abandonen esa escalada de ilegalidad”.
Nuestra voluntad y la de cualquier gobierno del mundo es hacer cumplir la ley, nadie puede menoscabarla. Es garantía de democracia #CMinpic.twitter.com/tl2n6lzIFz
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 7 septembre 2017
Por su parte, el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, anunció hoy la presentación de una querella contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y el resto de su ejecutivo por firmar el decreto de convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, previsto para el 1 de octubre.
Esta querella se sumará a la anunciada ayer contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, que permitieron la tramitación de la ley de referéndum.
Una situación de la que culpó a “a responsables de la Generalitat (Gobierno catalán) que actuando en violación de la Constitución y del Estatuto de autonomía y desobedeciendo frontalmente los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional han convocado el denominado referéndum de autodeterminación”.
Será la primera querella de la Fiscalía contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y buena parte de los miembros de su Ejecutivo, la segunda contra los representantes de la coalición gubernamental Junts pel Si (JxSí) en la Mesa del Parlamento Regional y la tercera contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell.