La asociaciones Indígenas lamentan que la decisión tomada este martes por el presidente Lenín Moreno mediante un decreto "se burle" de la voluntad ciudadana.
PUBLICIDADEl presidente ecuatoriano Lenin Moreno publicó un decreto esta semana que permite la explotación petrolífera en la zona tampón de 10 kilómetros alrededor del Parque Nacional Yasuní, a pesar de la histórica victoria judicial de esta comunidad el pasado mes de abril.
Ahora las asociaciones indígenas de Ecuador se han unido para rechazar el Decreto gubernamental 751, para modificar la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), al considerar que vulnera a los pueblos aislados y la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) lamentaron que la decisión tomada este martes por el presidente Lenín Moreno "se burle" de la voluntad ciudadana expresada en la consulta popular de febrero de 2018.
En ella, un 67 % de la población votó a favor de proteger el Yasuní, sus ecosistemas y los pueblos que en él habitan, al aprobarse una reducción de la extensión de la explotación petrolera en 300 hectáreas y extender la zona de protección para salvaguardar la vida y derechos de los pueblos en aislamiento que lo habitan.
Las asociaciones aseguraron que ese decreto "arbitrariamente autoriza la explotación hidrocarburífera en la zona de amortiguación que es un área fundamental para la vida de los pueblos indígenas y la preservación de la enorme biodiversidad del Yasuní".
Reserva de la biosfera
El Parque Nacional Yasuní, ubicado en la región oriental del país y en plena Amazonía ecuatoriana, acuna una de las mayores reservas de especies de todo el planeta, declarada reserva de la biosfera por la Unesco en 1980.
El decreto de Moreno establece una nueva delimitación de la ZITT para los pueblos no contactados del Yasuní, y aunque la amplia de 758.051 hectáreas a 818.501, se quejan porque también establece una zona de amortiguación de diez kilómetros de ancho contigua a toda el área intangible redefinida.
El Artículo 3 del decreto prohíbe realizar nuevas obras de infraestructura, carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras, sin embargo "exceptúa de la prohibición a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos".
Conaie y Confeniae opinaron que la medida del Gobierno "demuestra su indiferencia y pone en riesgo el Parque Nacional Yasuní, la vida y derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y comunidades ancestrales Waorani que son dueñas de ese territorio".
Y recordaron que la construcción de infraestructuras para la extracción petrolera duplica "lo que ya sucede en otras zonas del Yasuní donde se han dado graves enfrentamientos entre la población local y los pueblos aislados, causando además profundos conflictos sociales".
"Ante este panorama y frente a la arremetida neoliberal, firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, (...) nos encontramos preparando una movilización nacional en articulación con los sectores populares y sociales del país en contra de las políticas económicas neoliberales aplicadas por el Gobierno Nacional", concluyeron.