La batalla del Brexit ha cruzado este martes el umbral del Tribunal Supremo del Reino Unido, cuyos jueces tienen ante sí la difícil tarea de conciliar dos sentencias contradictorias sobre la legalidad de la suspensión del parlamento decidida por el Gobierno de Boris Johnson.
PUBLICIDADLa batalla del Brexit ha cruzado este martes el umbral del Tribunal Supremo del Reino Unido, cuyos jueces tienen ante sí la difícil tarea de conciliar dos sentencias contradictorias sobre la legalidad de la suspensión del parlamento decidida por el Gobierno de Boris Johnson. Los once magistrados de la máxima instancia judicial del país deben decidir si el Ejecutivo actuó o no legalmente. Hace una semana, el Tribunal superior de Inglaterra dijo que sí y ese mismo día el Tribunal de Apelación de Escocia, dijo que no.
Mientras tanto, el parlamento está suspendido y no puede controlar la acción del Gobierno en el agónico tramo final de un Brexit que Boris Johnson ha prometido que tendrá lugar, con o sin acuerdo, el próximo 31 de octubre.
Entre los legisladores y los defensores de los derechos humanos que elevaron las causas a los altos tribunales de Inglaterra y Escocia se encuentra la empresaria Gina Miller, quien ya consiguió que el Parlamento sea quien tenga la última palabras sobre la salida de la Unión Europea:
"La apelación persigue que la Justicia diga que aunque el Primer Ministro tiene poderes para suspender el parlamento, los está usando de una forma inconstitucional e ilegal al cerrar la voz del parlamento cuando este está intentado parar un Brexit sin acuerdo".
La justicia inglesa rechazó su demanda alegando que era un decisión política. Los jueces escoceses interpretaron de una forma diametralmente opuesta una demanda similar presentada por un grupo de diputados:
"Cada opinión expresa la visión de que el consejo dado por el gobierno a Su Majestad la Reina para prorrogar la suspensión del Parlamento del 9 de septiembre al 14 de octubre fue ilegal y que, por lo tanto, la suspensión en sí es ilegal", explicaba Lord Caloway, presidente del Tribunal de Apelaciones de Escocia.
Aunque las audiencias durarán tres días, la decisión puede hacerse esperar, ya que los jueces deberán escuchas los argumentos de los magistrados de las cuatro naciones que integran el Reino Unido. Se trata, del asunto más espinoso y trascendental que ha examinado el Tribunal Supremo desde su creación hace una década.