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Preocupación por el aumento de la violencia en Colombia, cinco años después de la firma de la paz

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Por Ana Valiente
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Familiares de Astrid Conde, exguerrillera de las FARC en proceso de reinserción asesinada en Bogotá, 8/03/2020
Familiares de Astrid Conde, exguerrillera de las FARC en proceso de reinserción asesinada en Bogotá, 8/03/2020   -   Derechos de autor  Ivan Valencia/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

En Colombia, el 2021 se ha convertido en el inicio de año más violento, en términos de asesinatos de líderes sociales, activistas y exguerrilleros desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC en 2016. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investigan y se juzgan crímenes cometidos durante el conflicto, en lo que llevamos de año se ha producido un asesinato cada cuatro días. La sociedad civil le pide al Gobierno colombiano que, para desmantelar esta violencia, deje de centrarse en su control militar y empiece a “atacar a sus redes de financiación”.

“Nosotros esperábamos que el Gobierno implementara medidas integrales, políticas públicas que pudieran apuntar a todas esas diferentes causas que tiene la violencia, no solamente centrarse en el ámbito militar, en la permanencia de grupos armados sino también facilitar las condiciones para que comunidades campesinas de estas comunidades históricamente en territorios afectados por el conflicto reduzcan la brecha social tan fuerte que hay con las ciudades más importantes de Colombia", señala Sebastián Escobar Uribe, Coordinador Área Penal del colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización de derechos humanos con trabajo en Colombia.

La reacción europea

La subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo lanza una alerta ante la falta de seguridad que vive el país. En 2016, la UE creó el Fondo Europeo para la Paz en Colombia, dotado con 127 millones de euros destinados a proyectos de desarrollo rural, reinserción de excombatientes y participación ciudadana de comunidades vulnerables, como víctimas e indígenas.

“Uno de los objetivos que también tiene la Unión Europea es acabar con las deficiencias estructurales del Estado colombiano que explican en gran medida lo que ha pasado en el país durante las últimas décadas. Sobre todo en materia de seguridad. Hoy, Colombia es un estado incompleto, disfuncional en algunas partes de su territorio, cosa que provoca o que abre la puerta a asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos o los graves problemas que están teniendo los excombatientes con números alarmantes sobre sus asesinatos”, explica Javi López eurodiputado español, S&D.

Las organizaciones sociales colombianas critican que el actual Gobierno de Iván Duque no ataja las causas estructurales del conflicto. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación se defiende y afirma que se trabaja en un programa a largo plazo. “Hemos hecho una planificación muy detallada para aprovechar ese período de 15 años y lograr superar tantos temas que Colombia debió haber afrontado hace décadas con o sin acuerdos, y estamos produciendo unos resultados que van a hacer que este proceso en diciembre de 2021 sea irreversible”, declara Emilio Archila, Consejero Presidencial para la estabilización y la consolidación.

Entre los retos que se pactaron en el histórico acuerdo, se incluye el apoyo a las víctimas, la reincorporación de los excombatientes, y el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, mediante el cual el Gobierno trabaja con familias campesinas para que sustituyan la coca por otro tipo de cultivo alternativo.