Se estima que unas 270.000 peruanas pobres fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio entre los años 1996 y 2000.
PUBLICIDADHan pasado más de 20 años, y la justicia peruana no parece responder por un histórico delito de violencia sexual.
Se trata del caso de un grupo de mujeres, víctimas de "esterilizaciones forzadas" entre los años 1996 y 2000, que denunciaron este miércoles nuevas trabas para el avance de este emblemático proceso, debido al repentino cambio del juez encargado.
Se estima que unas 270.000 peruanas pobres, muchas de ellas indígenas que no hablaban español, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que el expresidente de Perú Alberto Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.
Testimonio de Victoria Vigo, presunta víctima de esterilización forzada
"En el hospital regional de Piura yo entre a las siete de la noche y a las ocho y media yo ya estaba cesareada (sometida a una cesárea). Mi hijo salió prematuro, a las 18 horas fallece mi hijo. Al día siguiente me dan la noticia y yo quiero salirme del hospital, quiero pedir mi alta voluntaria, pero el Dr. me dice que soy joven todavía que podía tener otro bebe, pero el que estaba al costado le dice a la señora, ya la esterilizaron."
_"Es indignación, mi llanto era de cólera de rabia, usted sabe lo que es estar 25 años, desde el año 96, 25 años que hemos estado en pie de lucha. En el caso mío yo estuve todo el 90 en la época de Fujimori, yo levanté mi voz por medio de otros, yo fui la única que dio la cara." _
El proceso judicial dirigido por el juez Rafael Martínez se inició en marzo tras años de demandas de activistas de derechos humanos, así como de numerosos obstáculos, incluidos los fiscales que archivaron las investigaciones del expresidente peruano Alberto Fujimori en el pasado.
Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:
"Está bien que en este país la justicia tarda pero no va a tardar 20 años, 25 años y además con el nivel de evidencia que existe en los documentos que conforman el expediente o la pieza judicial. Entonces se vulneran un conjunto de derechos, entre ellos el del plazo razonable."
El expresidente, quien actualmente cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos, no ha participado en las audiencias, pues solo está obligado a presentarse por casos incluidos en un proceso de extradición desde Chile iniciado en septiembre de 2007.