Para esta comunidad indígena, han pasado 40 años de solicitudes sin los recursos adecuados para demandar el amparo de sus derechos.
PUBLICIDADEn Guatemala, una comunidad indígena Maya Q'eqchi' pelea por lo que es suyo.
Representantes de la comunidad de Agua Caliente, una de las 16 comunidades mayas Q'eqchi' del municipio de El Estor, solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos humanos (CorteIDH) garantizar la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales, y poder decidir sobre éstas.
La demanda señala también el establecimiento de un proyecto minero de níquel en su territorio, propiedad de una filial del grupo suizo Solway Investment, y llevado a cabo sin una consulta adecuada a la comunidad.
El abogado del Centro de Recursos Jurídicos para los Indígenas y miembro del equipo jurídico demandante, Leonardo Crippa, dijo que este caso es de importancia mundial, porque "aborda el tema de la falta de titulación que reconozca propiedad de domino colectivo de los pueblos indígenas" y además "aborda temas de fondo catastrales y registrales por un traslape con un proyecto minero".
El representante de los indígenas, afirmó que se espera una sentencia de la Corte Interamericana "que le de la posibilidad a los pueblos indígenas de ser actores de los procesos de desarrollo y no víctimas como lo son actualmente, precisamente por estos proyectos impuestos en sus territorios".
"Esperamos que la Corte tome una decisión donde ordene al Gobierno de Guatemala adoptar una legislación de fondo, con participación de los pueblos indígenas, que reconozca por primera vez que estos pueblos son titulares de derechos colectivos sobre sus tierras y que tienen el derecho a gozar, conservar y administrar los recursos naturales en sus territorios", expresó Crippa.
Más de 40 años de lucha
Para esta comunidad indígena, han pasado 40 años de múltiples gestiones realizadas, sin los recursos adecuados para demandar el amparo de sus derechos.
Rodrigo Tot, un líder indígena que ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2017 por la defensa de las tierras de la comunidad, afirmó que, a lo largo de esta lucha, se han perdido vidas, haciendo referencia al asesinato de su propio hijo en 2012, que según Tot, tenía como objetivo acallarle.
"Necesito que se reconozca el sufrimiento de la comunidad y se compense por todos los años de sufrimiento que hemos soportado", expresó Tot en una declaración a distancia.
Tot agregó que "no se nos pidió permiso y no se le preguntó a la comunidad" sobre el establecimiento del proyecto minero.
Tras la audiencia que tuvo lugar el miércoles, la Corte Interamericana dará un mes a las partes para presentar sus alegatos finales por escrito y dentro de los siguientes meses emitirá una sentencia.