MADRID, 7 abr - Un tribunal español investigará si las enormes comisiones cobradas por un empresario aristócrata y su socio por la venta de suministros sanitarios vitales al Ayuntamiento de Madrid en el momento álgido de la pandemia de COVID-19 constituyeron un enriquecimiento ilegal.
El conocido empresario Luis Medina y su socio Alberto Luceno vendieron al Ayuntamiento de Madrid guantes quirúrgicos, mascarillas y kits de pruebas rápidas de COVID-19 por valor de 12 millones de dólares, embolsándose comisiones de entre el 60% y el 70% que gastaron en coches de lujo, costosas estancias en hoteles y un yate, según informó el miércoles la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía dijo que la pareja obtuvo "un exagerado e injustificado beneficio económico" y acusó a Medina y Luceno de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La Fiscalía también alegó que Luceno afirmó falsamente ser el agente exclusivo del proveedor.
Medina, que fue el primero en ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Madrid y proponer a Luceno como proveedor, declaró al protal de noticias español El Confidencial que su comisión de un millón de euros (1,09 millones de dólares) fue legal.
"Entiendo que a mucha gente quizá no le parezca bien. Pero es el 8% del contrato. Es una comisión normal de intermediación, que se cobra muchas veces", dijo.
Luceno recibió un total de 5,1 millones de euros en comisiones y ocultó parte de ellas a su socio, según la Fiscalía. El acusado no respondió a una petición de comentarios.
Ambos recibieron el encargo de comprar un millón de mascarillas KN95, 2,5 millones de guantes y 250.000 tests rápidos. Ni los guantes ni los test cumplían los criterios de contratación, según la Fiscalía.
Con el dinero, Medina compró un yate llamado "Feria" en honor al ducado de su familia, mientras que Luceno compró tres relojes Rolex, doce coches de lujo -entre ellos varios Aston Martin, un Ferrari y un Lamborghini- y un piso de lujo en Madrid, añadió la Fiscalía.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se enfrenta a peticiones de dimisión por el caso, reconoció que el contrato fue un error, pero defendió la actuación de la ciudad en un momento en el que las autoridades de todo el mundo se afanaban por conseguir suministros escasos.
"Es muy sencillo decir ahora si uno ha cometido un error, pero en aquel momento, con la información de la que disponíamos y con la situación en la que vivíamos, apoyo totalmente a la decisión que tomaron los técnicos del Ayuntamiento. Nunca supimos que ese dinero iba a acabar donde acabó", dijo.
El juzgado dijo el jueves que llamará a declarar tanto a los empresarios como a algún testigo y ha preguntado a Madrid si la ciudad quiere ser parte del proceso judicial.
Reuters no pudo contactar con Medina.
(1 dólar = 0,9166 euros)