La Comisión Europea ha activado el procedimiento contra Hungría que podría desembocar en la suspensión de fondos asignados a Budapest si no soluciona deficiencias del Estado de derecho.
Apenas unas semanas después de la reelección de Viktor Orban en Hungría, la Comisión Europea ha dado el primer paso. Bruselas ha activado el procedimiento de condicionalidad contra Budapest que podría desembocar en la suspensión de fondos de ayuda asignados al país por no respeta los valores fundamentales del bloque.
La Unión Europea pide a Hungría que solucione deficiencias del Estado de derecho ligadas a la democracia, la corrupción, la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la justicia.
Bruselas ha enviado al país la "notificación formal" que activa el mecanismo de la UE para proteger su propio presupuesto ante el "constante fracaso" por parte del Gobierno de Viktor Orbán para resolver una serie de "preocupaciones graves" durante un periodo de más de diez años, según han explicado fuentes comunitarias.
Es la primera vez que la Comisión Europea hace uso del reglamento que desde el 1 de enero de 2021 condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto de los principios del Estado de derecho y que fue avalado a mediados de febrero por la Justicia europea, que rechazó entonces los recursos de Budapest y también de Varsovia.
¿Cuál es el siguiente paso?
Con la carta de notificación enviada este miércoles a Budapest se abre formalmente un procedimiento que podría durar entre cinco y nueve meses y culminar con la suspensión de fondos de recuperación o del presupuesto comunitario para Hungría.
Las autoridades húngaras cuentan ahora con dos meses para responder a las preocupaciones de Bruselas y proponer solución a los problemas identificados. La Comisión tendrá un mes para evaluar estas propuestas y, si considera que no resuelven el problema, podrá dar una segunda oportunidad a Budapest para plantear otros remedios.
En caso de que este diálogo no permita cerrar el expediente, el Ejecutivo comunitario podrá en última instancia pedir que se congelen ciertos pagos, momento en que la pelota pasa al tejado del Consejo (los Estados miembros) que deberá aprobar la medida por mayoría cualificada.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Budapest y Varsovia interpusieron la demanda contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, los dos colegisladores del bloque, a principios de 2021.
Durante el proceso judicial, las instituciones recibieron el apoyo de las intervenciones de la Comisión Europea, que redactó la propuesta original, así como de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia y Suecia.
El alto tribunal de la UE desestimó el recurso presentado por Hungría y Polonia, condicionando así el apoyo financiero de la Unión Europea a sus miembros al respeto de los mismos al Estado de Derecho.
La sentencia de Luxemburgo supone un respaldo inequívoco al mecanismo de condicionalidad, sin hacer concesiones a los recursos presentados por Hungría y Polonia.
"La buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la Unión pueden verse gravemente comprometidos por las infracciones de los principios del Estado de Derecho cometidas en uno de los Estados miembros", dictó el tribunal.