México | Choques violentos ante la Fiscalía General en el marco de las protestas por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. La tensión aumenta. Familiares y activistas exigen justicia y la ejecución de las 80 órdenes de aprehensión pendientes
PUBLICIDADEn México, una nueva protesta de activistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa acabó este jueves entre explosiones de petardos y con numerosos policías heridos, once de ellos por metralla y otros por piedras, botellas y objetos lanzados contra ellos.
La tensión es muy elevada, cuando están a punto de cumplirse ocho años de las desapariciones.
Los manifestantes, que se congregaron ante la Fiscalía General de la República en Ciudad de México, exigen que el Gobierno cumpla sus promesas y active las 80 órdenes de aprehensión pendientes, que incluyen a 16 militares, así como funcionarios de alto nivel relacionados con el caso.
"¿Por qué se demora la ejecución de las 80 órdenes de aprehensión?"
Vidulfo Rosales, abogado de las familias, reclama respuestas al Fiscal General.
"Que el Fiscal General nos diga por qué ha demorado en la ejecución de las órdenes de aprehensión, pero lejos de eso, desplega la fuerza policial para evitar que podamos llegar a las puertas de la Fiscalía -dijo Rosales durante la concentración-. _Como el Gobierno pasado, compañeras y compañeros, otra vez las puertas de las instituciones (cerradas) en la cara de las víctimas, otra vez la cerrazón de las instituciones. Esta es la verdadera cara de este Gobierno". _
Para Rosales, la detención del ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, acusado de haber fabricado la llamada "verdad histórica" sobre lo ocurrido, solo fue un "relumbrón político" que en realidad no ha llevado a exclarecer los hechos.
El miécoles tuvo lugar otra protesta violenta ante la embajada de Israel, país al que exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal.
Un "crimen de Estado" con autoridades involucradas en todos los niveles
El pasado mes de agosto, un informe de la Comisión para la Verdad concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un "crimen de Estado" con autoridades involucradas en todos los niveles. Un informe que ha reavivado la polémica e incrementado la presión sobre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que haga justicia.